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La Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), aprobada el 20 de diciembre, es motivo de controversia entre políticos y agentes sociales. Antes de empezar a aplicarse ya se hacen matizaciones y se pide crear un marco político para interpretar la norma (IU). La ... Fade y las cámaras de comercio exigen que los proyectos que aspiran a adquirir la categoría de estratégicos sean sometidos a un examen «estrictamente técnico». Lo opuesto a una valoración técnica es una valoración política.
Los criterios para que un proyecto sea estratégico están en la ley: la inversión debe alcanzar un mínimo de 30 millones, crear 100 empleos o mantener 200 para evitar deslocalizaciones. PP y Foro lograron incluir en la categoría de estratégico a proyectos que sean prioritarios para el desarrollo económico del Principado. El centro-derecha consiguió que sea considerado estratégico cualquier proyecto que contenga una dimensión innovadora o sirva para dinamizar la sociedad o favorezca la sostenibilidad medioambiental. Sospecho que estas últimas aportaciones, no basadas en datos objetivos, son las que han despertado las suspicacias en IU.
A la ventanilla del Principado han llegado los dos primeros proyectos que piden ser valorados como estratégicos. La mina de oro de Salave (más de 100 millones de inversión, 150-200 empleos directos y 800 indirectos) y el Parque Logístico del Aeropuerto de Asturias (inversión de 16 millones, 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos). Datos contundentes; frente a ellos, el rechazo de las organizaciones del PSOE e IU en los respectivos concejos.
Una ley aprobada por una mayoría abrumadora del Parlamento (40 diputados de 45) sólo cabe aplicarla. En caso contrario las empresas podrían ir a los Tribunales de Justicia. La Administración tiene tres meses para acreditar la naturaleza estratégica de los dos proyectos. Ese plazo debería regir para cualquier licencia solicitada por las empresas. En Asturias nos pasamos décadas diciendo que la gran prioridad es el empleo y las administraciones públicas no paran de poner obstáculos a los inversores. Sólo les gusta el empleo público, financiado por todos nosotros, vía impuestos. El Principado dice que está en guerra contra la burocracia, pero el sector público crece sin cesar; todos los cierres son en el sector privado. Hay trece comunidades autónomas que ya tienen leyes semejantes. ¿Somos diferentes? ¿Se aplicará la ley o se optará por hacer un apaño como en los países atrasados?
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