Interrogantes sin resolver

Por su parte, Adrián Pumares (Foro) afirmó que el Principado actuó «con negligencia o, cuanto menos, con poco interés». Sobre la actuación del presidente Barbón dijo que «no se puede presumir de familia minera y consentir que en su Gobierno se mire para otro lado cuando hay una denuncia ciudadana». Se refería de esta manera el asunto más destacado de toda la información que se conoce del accidente: hace año y medio un ciudadano informó por correo electrónico que se estaba trabajando en la bocamina sin medidas de seguridad, acompañando su misiva con dos vídeos, y en la Consejería de Transición Ecológica no se enteraron de la denuncia hasta esta semana, una vez ocurrido el accidente. El presidente Barbón afirmó que se iba a chequear a la empresa de arriba abajo; también declaró que se iban a depurar responsabilidades. Supongo que el presidente no se conformará con revisar las actuaciones de la empresa, sino que también chequeará el modus operandi de su Administración autonómica.

Pumares señaló a la consejera de la Transición Ecológica, al afirmar que su hermano cobraba comisiones de los empresarios mineros, cuando Belarmina Díaz era directora general de la Minería. La acusación es muy grave y es preciso saber si es cierta. Después de la tragedia, en un clima de indignación generalizada, como el actual, no puede quedar este asunto reducido a un cruce de improperios. La consejera contestó a Pumares: «me parece un comportamiento indecente y despreciable, tiene de fondo un tufo machista». Entiendo su enfado, pero hay que saber la verdad. Es difícil encontrar el machismo en la denuncia de Pumares (también había denunciado las relaciones de la anterior consejera con una empresa minera que hacía sondeos en la región, con familiares suyos en puestos directivos), a no ser que usemos esa etiqueta como salvoconducto ante las críticas. Por respeto a los mineros que fallecieron, se impone esclarecer lo ocurrido.