¿Falta progresividad?

Barbón no engañó a su socio. Todo sucedió de pronto. El Gobierno de Salvador Illa llegó a un acuerdo con ERC para bajar el tipo fiscal que se aplica a las rentas más bajas en Cataluña (del 10,5% al 9,5%) y publicó un comunicado que pasará a la historia de la autonomía asturiana: «el tipo catalán se equipara así al de otras comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia) y se sitúa por debajo de Asturias (10%)». Toda España se enteró de que en el Principado daba el tratamiento fiscal más duro de las 17 comunidades autónomas a las rentas más bajas (de cero a 12.450 euros) y veinticuatro horas más tarde, Guillermo Peláez, anunció la rebaja del IRPF, a partir del próximo año, para «las clases medias y trabajadoras». Así se gestó la rebaja asturiana del IRPF que llevaba desde 2015 gravando con el 10% al segmento de la población con menos recursos.

Una vez que IU metabolizó la novedad tributaria, no descarta que el Gobierno impulse una gran reforma fiscal que debería tener como principio, «la fiscalidad progresiva», que el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, sintetiza en que «las rentas más altas aporten más que las bajas». Estas peticiones de Zapico informan todo el sistema tributario español. La Ley General Tributaria, en el artículo 3, explicita los principios: «justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativadistribución de la carga tributaria y su no confiscatoriedad». Por razones que se me escapan, desde la izquierda se lleva 45 años pidiendo la progresividad que ya está en leyes y reglamentos.

Con números: hay 8,3 millones de contribuyentes, con el nivel más bajo de ingresos, que aportan 75 euros por cabeza, y 12.178 españoles, con el nivel más alto, que pagan 540.669 euros 'per cápita'.

¿Queda claro?