Viajar seguros

Es crucial aclarar un aspecto legal fundamental: el Gobierno no está obligado a repatriar a ciudadanos que enfrenten emergencias médicas en el extranjero. Este hecho puede resultar sorprendente e incluso alarmante para muchos, pero refleja una laguna en nuestra infraestructura legal. La legislación actual no contempla la repatriación como una obligación estatal, una omisión que, como vemos en situaciones como la de Ángela, puede tener consecuencias devastadoras.

Este caso no es aislado; es un problema recurrente que enfrenta cualquier ciudadano que decide viajar fuera de la Unión Europea sin un seguro de viaje adecuado. Viajar es una experiencia enriquecedora, pero también conlleva riesgos inherentes, especialmente en regiones donde la infraestructura sanitaria puede ser significativamente costosa para los no residentes.

Ante estos riesgos, se presenta un argumento sólido para reconsiderar y posiblemente reformar la legislación vigente en materia de seguros de viaje. Instituir la obligatoriedad de un seguro de viaje para aquellos ciudadanos que se aventuren fuera de las fronteras europeas podría ser una solución viable para mitigar situaciones de emergencia económica y sanitaria en el extranjero.

El seguro de viaje obligatorio no solo proporcionaría cobertura financiera para gastos médicos imprevistos, sino que también aseguraría asistencia en casos de repatriación. Este tipo de póliza puede actuar como una red de seguridad, salvaguardando tanto al viajero como a sus familiares de cargas económicas insostenibles. Asimismo, podría aliviar a nuestro Gobierno de la presión de intervenir financiera y logísticamente en tales crisis.

Naturalmente, esta propuesta suscita debates sobre la libertad personal y el intervencionismo estatal. ¿Es legítimo imponer un mandato de este tipo a todos los viajeros? Sin embargo, al tratarse de la salud y seguridad de los ciudadanos, y dadas las pruebas evidentes de los casos desfavorables que han surgido, parece razonable considerar dicha política.

La implementación de este tipo de seguro obligatorio requeriría un marco regulador robusto y claro. El Gobierno, en cooperación con compañías aseguradoras, podría desarrollar una oferta estándar de seguros de viaje que cubra elementos mínimos esenciales, tales como gastos médicos, evacuación y repatriación. Este enfoque no solo estandarizaría la cobertura, sino que también podría hacer que los seguros sean más accesibles al incentivar la competencia en el mercado.

Además, se podría considerar la creación de un fondo de emergencia financiado con una pequeña contribución incluida en el costo del seguro, destinado a ayudar en situaciones excepcionales donde el seguro adquirido no cubre todos los aspectos necesarios. Este fondo actuaría como un apoyo adicional, proporcionando tranquilidad tanto a ciudadanos como a las autoridades.

Finalmente, incorporar este seguro obligatorio debería ir acompañado de una campaña informativa extensiva, que eduque a los ciudadanos sobre la importancia de estar asegurados al viajar. Comprender los beneficios de contar con un seguro podría transformar la percepción de esta política de una carga obligatoria a un recurso esencial.

La historia de Ángela Agudo es un llamada de atención que no debe ignorarse. Aunque su situación es desafortunada, también es una oportunidad para aprender y para avanzar hacia una legislación que mejor proteja a nuestros ciudadanos en el extranjero. Las reformas requieren un diálogo continuo entre el Gobierno, el sector privado y los ciudadanos, para encontrar soluciones que equilibren la protección individual con la libertad personal.