2-F, con nuestros derechos no se juega

Tenemos que trasladar el apoyo ciudadano al escudo social, que mantiene la mayoría de las medidas recogidas en el primero. Sería una irresponsabilidad política impedir su aprobación, castigando a millones de personas y pervirtiendo el sentido de la democracia que busca el bien común.

PP y Vox deberían explicar sinceramente por qué rechazaron el 22 de enero en el Parlamento medidas que no solo protegen a los ciudadanos y ciudadanas. Además, se deben recuperar las ayudas que necesita la industria (especialmente la electrointensiva que tenemos en Asturies), mantener el 'colchón' que evita que empresas como Duro Felguera entren en causa de disolución inmediata, una mejor financiación de las comunidades autónomas, la prórroga fiscal de los autónomos…, que sin duda son fundamentales para continuar con el crecimiento económico y la creación de empleo que está viviendo nuestro país.

Hablamos de un decreto que incluía la subida de las pensiones, la prórroga del bono social, las subvenciones al transporte público, la suspensión de los desahucios a las familias vulnerables, la prórroga de la cuantía del salario mínimo interprofesional y del ingreso mínimo vital, las ayudas públicas para la dana…, pero también otras ayudas, como las destinadas a rebajar los costes energéticos para que nuestra industria pueda competir en igualdad de condiciones en el marco europeo, que ahora habrá que volver a concretar.

En el caso de Asturies (además de los 270.000 pensionistas que no verían actualizadas sus prestaciones y las 16.000 familias que reciben el ingreso mínimo vital; aparte de los 28 millones que dejaríamos de percibir en ayudas al transporte público y para la gratuidad de las Cercanías ferroviarias), son cerca de 200 millones de euros que se pierden si no se prorroga un año más el descuento del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte de electricidad para la industria electrointensiva.

El real decreto también contemplaba la prórroga por un año de la suspensión de la causa de disolución de las compañías con pérdidas provocadas por el covid, lo que permitía a Duro Felguera no computar en su patrimonio neto pérdidas de 171 millones de 2020. Es decir, con la derogación de estas medidas, las derechas ponen a las empresas al borde del precipicio. Y Duro Felguera no es la única.

El Gobierno asturiano ha calculado que el bloqueo al real decreto que contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas del sistema de financiación autonómica supondría perder 500 millones de los ingresos presupuestados en las cuentas autonómicas del presente ejercicio.

Al margen de lo que ocurra en los próximos días, lo que sucedió el día 22 en el Congreso pone de manifiesto que las derechas tienen una hoja de ruta para impedir la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora. Con ello saben que se generan desigualdad, ruido y malestar, y se desgasta al Gobierno. Ese es el camino que han elegido para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, aunque sea a costa de la mayoría social. De lo contrario no impedirían algo que a todas luces la beneficia. El resto son juegos florales para justificar lo injustificable.

Bien pensado, no es la primera vez, y por eso tampoco debería sorprendernos tanto. PP y Vox (también Junts, por cierto) ya lo hicieron con la reforma laboral, votando contra el acuerdo alcanzado por los sindicatos y los empresarios con el Gobierno y que –se ha demostrado sobradamente con el tiempo– ha mejorado la estabilidad laboral de las personas trabajadoras en nuestro país, combatiendo como nunca antes la precariedad laboral.

En fin, CC OO y UGT vamos a reclamar al Congreso que respalde el nuevo real decreto ley, impidiendo que se tome a la población con mayores necesidades como rehén de un juego perverso en el que los partidos de derechas tratan de bloquear en cada oportunidad que tienen los avances sociales y económicos de nuestro país.