Sentencia pírrica

Vuelven a nuestra vida hechos que nunca habríamos querido tener que recordar. Me refiero a la sentencia del juicio que se celebró en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la ampliación de El Musel. Un tema que lleva en la palestra desde el 2012, ... fecha en la que se liquidó de forma definitiva el monto total de las obras. Licitadas y adjudicadas por 499 millones de euros, pero que terminaron costando al erario colectivo la friolera de 708,7 millones más IVA. Pues bien, después de más de ocho largos años de procedimiento judicial (comenzó el 8 de enero de 2015) todos los acusados han sido absueltos del delito de fraude. A lo que hay que sumar también, para los ex cargos públicos, el de prevaricación. Los magistrados consideran que no hubo convivencia entre los responsables de la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres. Es más, hablan de «profundas discrepancias», reflejadas en cientos de horas de discusiones sobre las canteras, el pesaje de los camiones, la actualización de precios o que el proyecto original estaba agotado antes de empezar. Eso sí, con un matiz importante: predominó el «sálvese quien pueda» general. Ninguno de los imputados quería ser chivo expiatorio. Tenemos, pues, una sentencia pírrica: no solo para el ciudadano que ha visto como la ampliación costó casi el doble y no ha habido ni un simple tirón de orejas, sino también para los propios acusados que llevaban mucho tiempo siendo señalados. Como digo, da mucha pereza tener que revivir esta época oscura de la obra pública. Puesta en solfa mil veces por los increíbles sobrecostes generados y ese supuesto halo de malversación. En la actualidad, a El Musel le quedan todavía algo menos de un millón de metros cuadrados disponibles.