Moraleja

Hecho, repito, que ha llevado a más de uno a plantearse volver a utilizar el vehículo particular, con la alarma social que esto lleva consigo en los tiempos que corren.

En esta misma columna contábamos hace un tiempo una anécdota personal. Asistí a cómo un grupo de jubilados se retaban para ir a tomar un vermú a León, debido a los bajos precios que se ofrecían desde el AVE. Vamos, que les salía más caro coger un taxi en su propia ciudad para llegar a la zona de tapeo. Cuando se «dopa» un servicio a base de subvenciones es lo que tiene: al decaer por cualquier motivo, la decepción ciudadana es inmensa, casi de proporciones bíblicas. Ahora bien, un sistema de transporte público subsidiado hasta el tuétano es imposible de mantener en el tiempo. El coste para el Estado resulta inmenso (sobre 1.600 millones de euros en 2025) y crea una sensación ciudadana de felicidad artificial (el llamado «falso gratis»).

Es decir, las cosas que vienen desde lo público parece que no cuestan ni un euro. Tengan en cuenta que estos trenes o autobuses «dopados», al final, se acaban pagado con nuestros impuestos.

Ojo, aunque no seamos usuarios del servicio. Por tanto, aunque resulte doloroso ver cómo hay que pagar el billete o sube al doble, es algo que tendremos que afrontar tarde o temprano. La moraleja, pues, de la derogación de este decreto ómnibus se debe resumir así.

Parafraseando a un presidente americano, podríamos decir aquello de: se puede subvencionar algo durante un tiempo, pero no todo eternamente. Por lo visto, lo que se quiere hacer con el transporte en este país.