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Está claro que a la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos ciudadanos odia a la empresa privada. Por otra parte, algo previsible por motivos ideológicos. Su plan para aumentar la oferta inmobiliaria pasa por la promoción directa. Es decir, sin que la ... iniciativa privada participe puesto que, como dice su responsable, Ovidio Zapico, tiene «afán de lucro». Sin duda, los trabajadores tienen derecho a un salario, pero no las empresas al beneficio. De hecho, nos habla de construir y comprar 5.000 viviendas para el alquiler durante los próximos diez años. Es decir, que la segunda comunidad autónoma con el mayor parque público inmobiliario después de Madrid, siga incorporando patrimonio. Eso sí, luego tiene que salir el consejero a defender la nefasta gestión de Vipasa: nuestra empresa pública de vivienda. El pasado mes de octubre, en comparecencia parlamentaria, Zapico dio datos aterradores. De 156 inspecciones realizadas sobre el uso que se daba a los pisos, solo 29 lo hacían de forma correcta. Nos contó que no se estaban utilizando como domicilio habitual, había cambios de titularidad, asaltos, ocupaciones… En definitiva, un panorama desolador para quien es el primer arrendador de Asturias.
Pues bien, tampoco quiere utilizar fondos autonómicos para que se ponga suelo a disposición de los promotores. Al menos, así se lo ha dicho al Ayuntamiento de Gijón que acaba de presentar un plan para construir 500 viviendas con distintos grados de protección, mediante la colaboración púbico-privada. Según parece, quiere utilizar la constructora Sedes –participada en un 60% por el Principado– como herramienta para sus fines. El problema es que debe ser la única del sector que en la actualidad tiene pérdidas. Más en concreto, que con cada promoción que realiza obtiene minusvalías. Incluso ha tenido que pedir un crédito de 2,3 millones de euros debido a su delicada situación financiera. Tenemos, pues, que con estos mimbres se quiere resolver el problema residencial de los asturianos. Por un lado, una empresa que no controla su inmenso patrimonio (sobre 10.000 pisos tiene Vipasa) y por otro, una constructora que trabaja en números rojos (en 2023 Sedes vendió más que nunca y contabilizó 1,4 millones de pérdidas). Lo dicho: con estos mimbres se quiere «doblegar las injusticias del mercado» (Zapico dixit).
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