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A la caza del piso turístico. Así podríamos resumir lo que está pasando con las viviendas de uso vacacional. Una fórmula que antes no preocupaba a nadie y que en la actualidad las administraciones quieren regular al alimón. En efecto, este tipo de oferta se ... miraba de forma laxa –sólo hacía falta una declaración par parte del interesado, registrarla y nada más– lo que permitió su proliferación. El problema, insisto, es que ahora las distintas administraciones se han dado cuenta tarde y están haciendo demagogia. Las locales plantean moratorias en los barrios para la concesión de licencias que luego son tumbadas por los tribunales (Avilés, por ejemplo). La autonómica habla de una nueva Ley de Turismo donde debe dar consentimiento la comunidad de propietarios para su autorización con efectos retroactivos. Esto es, a los pisos turísticos ya existentes, lo cual augura un difícil camino en su encaje legal. Y el último en llegar ha sido el Gobierno central, que pretende crear un registro general, incluyendo también al alquiler de temporada y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). En cuanto a lo primero, ¿para qué quiere el Ejecutivo tener un listado de pisos, si no tiene competencias en la materia, puesto que son autonómicas? En cuanto a lo segundo, ¿qué reforma de la LPH se quiere hacer si ya las comunidades pueden impedir que existan pisos turísticos en el edificio, mediante un acuerdo de tres quintas partes de los propietarios?
En el fondo, lo que asusta es que el alquiler tradicional (de larga duración) ha sido aniquilado. Gran parte de esa oferta se pasó a turística o de temporada por la nueva Ley de Vivienda que entró en vigor hace poco más de un año. Una norma tan nefanda que equivale en cuanto a sus consecuencias a la famosa ley de consentimiento sexual del 'Solo sí es sí', pero en versión arrendamientos. Pero nadie habla de reformarla dados sus efectos perversos, aunque yo abogaría directamente por derogarla. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, anunció la semana pasada compensaciones a los propietarios garantizando el cobro y el estado del inmueble, con objeto de intentar incrementar esa oferta. O sea, somos a la vez el problema y la solución. Eso sí, el eje del mal –la ley más intervencionista jamás creada– no parece que se quiera tocar.
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