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La Ley de Vivienda de mayo del año pasado nació con el objetivo de que «pierda la banca, los fondos buitre y gane la gente». Al menos, eso fue lo que nos dijeron sus redactores, a la postre, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus ... partidos satélite. Sin embargo, su aplicación ha resultado nefasta para el mercado del arrendamiento. La reducción de la oferta del alquiler y consecuente subida de precios ha sido continua. Desde su entrada en vigor, en Asturias, al igual que en el resto de España, la vivienda se ha convertido en el principal problema ciudadano y empezamos a ver la demagogia política al máximo nivel. Es decir, a que se iban a construir una pléyade de viviendas (hasta 180.000 habló Sánchez) gracias a la creación de una gran empresa pública. No sé, como una especie de Hunosa, pero de los pisos. En Asturias, por lo visto, es la vía que se pretende seguir para encontrar soluciones. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos rechaza cualquier tipo de colaboración con el sector privado, queriendo convertir al Principado en la principal promotora de la región. Algo, a todas luces, abocado al fracaso.
Pues bien, un reciente estudio del Banco de España sobre el alquiler lo deja bien claro. En nuestro paraíso natural, sólo el 4,3% de los inmuebles está en manos de grandes inversores. Esto es, ya sea entidades financieras, sociedades inmobiliarias o los tristemente famosos fondos buitre. El resto, un clamoroso 95,7 %, se encuentra en poder de particulares. Lo cual, claro, tira por los suelos el argumento de ese malvado arrendador societario al que combatir con el intervencionismo, entre otras cosas, porque es absolutamente minoritario. Entonces, pregunto, ¿a quién ha beneficiado esta nueva Ley? Absolutamente, a nadie. Ni a los arrendatarios (puesto que no disponen de oferta de inmuebles en arrendamiento), ni al pequeño propietario (a los que ha expulsado del mercado). Esa es la realidad a la que se quieren poner parches y placebos. Por ejemplo, que la consejería haga de agencia inmobiliaria, no sólo intermediando en el alquiler, sino también garantizando a los propietarios que van a cobrar la renta y arreglando los desperfectos que se puedan producir.
Más valía, digo yo, modificar (o directamente derogar) esta norma ideológica que ha resultado tremendamente perjudicial. Sobre todo, porque se hizo agitando unos fantasmas que no existen.
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