Un acto administrativo

A cambio la intervención del mercado ha traído dos consecuencias. La primera, aumentaron de manera descarada los alquileres de temporada. O sea, aquellos que están pensados para trabajadores, estudiantes y colectivos que necesitan rentar por varios meses. ¿Por qué? Muy fácil: es la manera que tienen los propietarios de burlar a la infame Ley de Vivienda. Y la segunda, se ha reducido un 25,7% el número de pisos disponibles. Cerca de 40.000 arrendadores han abandonado el mercado, según datos de los portales inmobiliarios. Como ven, repito, la bajada no ha podido ser más pírrica.

En Asturias, la voraz consejería de Vivienda quiere hacer lo mismo. En principio, ha declarado 16 zonas tensionadas en 6 concejos diferentes. Eso sí, estamos seguros de que no parará hasta controlar todo el paraíso natural. Esto es, forzar a los arrendadores a que apliquen un precio calculado en base a un índice de referencia. ¿Qué pasará? Exactamente lo mismo que en Cataluña. Aumentarán los alquileres de temporada y muchos propietarios se marcharán. En otras palabras: se agravará la crisis de oferta inmobiliaria. Luego, claro, al cabo de un año, habrá un estudio ad-hoc que demostrará lo bien que han funcionado las zonas tensionadas.

Mientras tanto, a las puertas de las inmobiliarias se irá agolpando gente desesperada. La libertad para negociar entre arrendador y arrendatario quedará abolida: ya lo hace el Principado por ti diciéndote cuánto vale tu inmueble o reparando los desperfectos causados. Olvídense, pues, de hablar de libre mercado puesto que quedará derogado. Más bien, alquilar será un acto administrativo. Vamos, un trámite más ante el Principado, pero con su propiedad privada.