Una sociedad crispada

Sentado lo anterior, hay que decir que, según los expertos, la amnistía tiene cabida en la Constitución del 78, que no contempla el indulto general, pero no prohíbe la amnistía. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional tendrá que analizar con minuciosidad la letra de la ley y tendrá que pronunciarse al respecto. El nacionalismo es insaciable y la estabilidad democrática nunca llegará haciendo cesiones desorbitadas exigidas por los partidos nacionalistas a cambio de sus votos. No se darán por satisfechos hasta que se les permita llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, en el que el demos sea el catalán, un demos no legítimo. Si llegáramos a esa 'bajada de pantalones', yo y ustedes, como españoles, también queremos votar. Según la Constitución vigente, el demos es el pueblo español, no el catalán.

Estoy de acuerdo con que el conflicto catalán requiere una solución política, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se pactó a cambio de un puñado de votos. En democracia no todo vale. Democracia y estado de derecho tienen que caminar juntos. El estado de derecho es la condición 'sine qua non' de una democracia y si este se pervierte la democracia pierde su esencia. Si aceptamos el relato de los que se saltaron la ley, la calidad de la democracia española queda degradada. Abrir el camino de la impunidad a los responsables de los gravísimos acontecimientos que se vivieron en octubre de 2017, con la aprobación de la 'ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República', significa entender las leyes de las que nos hemos dotado como si fuesen gestos de buena voluntad, corrompe el concepto de ley y vacía los fundamentos del estado de derecho. Aceptar el victimismo del que hacen gala los nacionalistas es la capitulación del Estado. Fíjense en la sonrisa exhibida por Puigdemont, ese individuo grotesco, que aparece ante las cámaras ufano en su vileza, con el que Cerdán negocio en Waterloo. Es vergonzoso. «Ya solo falta que cuando regrese a Cataluña se pasee como un héroe subido a caballo y con loor de multitudes» (Chus dixit).

Ahora bien, la senda que se abre con la ley de amnistía, si se aprueba, puede ser en cierta manera una salida momentánea al atolladero político y jurídico en el que nos encontramos y que debemos resolver, porque así se consiguió formar Gobierno. En ese sentido, el PSOE apuesta decididamente por una solución política a un conflicto que no es catalán sino español. Pero ojo, todos los partidos de un signo u otro deben dejar de promover la polarización de la sociedad, no siendo que los que no han podido formar gobierno según la aritmética parlamentaria del 23-J, sientan la tentación de bloquear la legislatura y convertir las calles en una continua algarada. Decía Félix Ovejero que hay otras soluciones políticas de izquierdas al conflicto, que pasarían por «crear diseños institucionales que nos eviten depender a todos de unos pocos que se despreocupan por definición del interés de todos, recuperar las competencias en educación, acabar con las embajaditas, poner a los Mossos a las órdenes de Interior y denunciar a TV3 por delitos de odio cada vez que corresponda»; a las que yo añadiría recuperar los consensos y pactos entre los dos grandes partidos en cuestiones de estado (harto difícil según los acontecimientos que estamos viendo). Así se terminaría con los cambalaches de los desleales partidos nacionalistas. Sería un grave error revisar el sistema autonómico (aunque se necesita) al objeto de dar gusto al nacionalismo catalán y al vasco, que buscan la impunidad y la desigualdad entre españoles.