Apropiación de datos educativos

Pues bien, en el encuentro del otro día me comentó, por si me podía servir para un artículo, que le había llegado información, que posteriormente fue publicada en 'El País' (16/5/2024), de que existía una denuncia del año 2020, en plena pandemia, de un padre en Dinamarca que, preocupado por la utilización que se pudiera hacer de los datos que sus hijos vertían en la escuela en la plataforma de Google, demandó a la compañía. La Agenda Danesa de Protección de Datos le dio la razón porque el sistema de transmisión de datos a través de Google Workspace y Chromebooks carecía de base legal y, por consiguiente, las escuelas deberían poner fin a la transmisión de datos u obtener una base legal para ello. En el caso de España, la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar resoluciones que sancionan la utilización de Chromebooks en un colegio del País Vasco y de las herramientas educativas de Google en un colegio de Madrid. De igual modo, la Asociación Adolescencia Libre de Móviles (ALM) animaba a sus miembros, desde los grupos de chat de Telegram y WhatsApp, a poner reclamaciones a la AEPD, al objeto de que investigue a los proveedores de servicios por el tratamiento de datos y su privacidad. Los padres, preocupados por el daño que está causando el uso excesivo de las pantallas, tienen serias dudas de que estas herramientas de apoyo al estudio no se apropien de los datos generados por sus hijos menores de edad.

En Asturias se usa la plataforma Teams, utilizada también en otras regiones. Forma parte del paquete Office 365 que suministra, entre otras cosas, el correo electrónico de docentes y discentes, cuyo propietario es Microsoft. En las consejerías educativas de las comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias tienen firmados acuerdos con Google, empresa que cede la utilización de las herramientas educativas, Class Room (el Teams de Google), Google Drive (la nube de almacenaje de datos), Google Docs y Google Chats, entre otras. Que yo sepa, nadie hasta ahora demandó a Microsoft, solo se están incrementando las denuncias contra los colegios que usan las herramientas de Google, lo que no quiere decir que Microsoft no esté haciendo lo mismo que su competidor. De hecho, alguna componenda oscura debe existir entre la consejería y estas empresas. A los centros han llegado cantidad de materiales informáticos, como si fuesen gratuitos y caídos del cielo, de monitores gigantes para las aulas que no se necesitan, pues desde la pandemia las aulas estaban dotadas de proyectores y pantallas instaladas. De igual manera, llegan tablets y convertibles que no se demandan y, sin embargo, los centros no hay una buena conexión de red a internet con la que dota la Consejería a los centros. Además, no se ha sustituido, o al menos mejorado, la plataforma SAUCE que funciona sólo de vez en cuando. Por consiguiente, si estas partidas económicas para materiales informáticos provienen de fondos europeos, me pregunto por qué se gastan en lo que no se necesita y no se cubren las demandas que se hacen desde los centros educativos. ¿Quién se beneficia de esta ingente cantidad de compra de materiales informáticos?

En definitiva, la cuestión es que aunque estos gigantes tecnológicos, en teoría, dicen que no recopilan los datos de alumnos y profesores y mantienen compromisos, sibilinos, sobre la privacidad de los usuarios, que sólo pueden acceder mediante la creación de la cuenta correspondiente, yo, sin embargo, sigo pensando que la gestión de los datos educativos no debería depender de los servicios de estas empresas, porque pueden acceder a información muy sensible y, además, apropiarse 'por la cara' del trabajo ingente de los docentes, para utilizarlo según sus propios fines e intereses. Por eso, debemos pedir transparencia sobre cómo funcionan y se gestionan los datos educativos con los que se alimentan estas plataformas, ¿gratuitas?