La matraca acusadora

Hemos de denunciar las tramposas informaciones sesgadas o falsas, y decir humildemente lo mucho y bueno que hacemos como comunidad cristiana, también reconociendo errores, pidiendo perdón y acompañando a las víctimas sean quienes sean. Estamos implicados desde esa templanza proactiva y no somos rehenes de la tibieza muda y ausente para salir en defensa de las víctimas asumiendo nuestra responsabilidad en lo que nos toca, pero instando a que la entera sociedad adopte también las medidas adecuadas, empezando por los gobernantes. Porque si se falsea la identidad de la persona humana, financiando con dineros públicos y programas gubernamentales el adoctrinamiento que destruye la antropología en su identidad masculina y femenina, o la causa de la mujer, utilizándola desde el feminismo empoderado que no sólo no erradica la injusta violencia machista contra ella, sino que la agudiza, o la educación escolar, con una perversa manipulación pornográfica y obscena que confunde y daña a los niños y jóvenes desde la ideología de género, seguiremos entonces dilapidando la herencia de siglos en la que hemos ido construyendo nuestra conciencia moral con verdaderos valores a pesar de nuestras contradicciones. La sociedad así envenenada y confusa será más manipulable por quienes desde su amoralidad narcisista y falaz pretenden perpetuarse en sus poltronas de poder.

Es clara la nota de la Conferencia Episcopal: «No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones. Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia».

No debemos consentir que se nos identifique con ese relato falso que desfigura la verdadera labor de la Iglesia. ¿Qué institución de las afectadas en este crimen ha tomado con seriedad transversal cartas en el asunto? ¿Cuáles han creado oficinas de acogida y acompañamiento, han educado preventivamente a sus miembros y han colaborado activamente con la Fiscalía? Estamos ante un problema social, en el que como comunidad cristiana representamos el 0,2 de su conjunto, y no el 99,8, que parece que no interesa desde una focalización a lo exclusivamente eclesial, lo cual no es inocente. Es inaceptable la arbitraria imputación que nos expone sólo a nosotros con tan poco porcentaje delictivo a toda una serie de medidas legales, fiscales, económicas y sociales. Lo cual no significa que lo que nos afecta no debamos asumirlo, prevenirlo y acompañarlo de la mejor manera posible como estamos haciendo. ¿Qué quieren tapar o distraer quienes siguen en esta viciada matraca? Cui prodest?, decía Séneca ('¿a quién beneficia?').