Asimetrías de la financiación a la carta

A cambio de la investidura habrá un nuevo modelo de financiación a la carta –al margen del modelo común– en el que Cataluña tenga plena soberanía fiscal a través de una Hacienda Propia al estilo vasco-navarro, que supondría tanto la gestión en sentido amplio de todos los impuestos 'soportados' en Cataluña, como la capacidad normativa sobre los mismos, modelo supuestamente 'solidario', pagando los gastos de los servicios que el Estado presta en Cataluña, y las ayudas a otros gobiernos autonómicos que garanticen los niveles mínimos de prestación de servicios públicos, siempre que hagan un esfuerzo fiscal similar al de Cataluña. Y basado en la falacia de la infrafinanciación de Cataluña.

El relato que oiremos para 'vender' este nuevo paradigma de la financiación a la carta tratará de hacernos ver que respeta los principios constitucionales de igualdad y solidaridad territorial, y que es un avance hacia el modelo federal, aunque difícilmente creíble, no solamente por la inconcreción de cómo supuestamente funcionarían esos mecanismos de solidaridad, sino por la propia naturaleza del modelo que se pretende alumbrar: solamente para Cataluña, negociado con el Estado al margen de las demás CC AA con la sartén por el mango. El resultado final: menos recursos para el resto de territorios (unos recibirán menos, otros que recibían tendrán que aportar y otros pagarán más que ahora por la solidaridad –viendo mermada también su situación–) y para la Administración General del Estado. Además, la solidaridad de Cataluña con otros territorios se autolimita por el principio de ordinalidad, que es un principio interesante a tener en cuenta en los modelos de financiación territorial, pero aplicado a todas las piezas del conjunto, no solamente a una de ellas. Este principio en esencia supone que el sistema garantice que las regiones que aportan a la solidaridad, después de la nivelación, cuenten con recursos no inferiores a la media.

El objetivo final es dar a Cataluña (dotada de una agencia tributaria propia que heredaría los medios personales –sobre 4.000 personas– y materiales de la AEAT en Cataluña) la 'llave de la caja' a través de la gestión de todos los impuestos soportados allí, duplicando prácticamente sus actuales ingresos tributarios, con una doble consecuencia: menos dinero para la solidaridad –qué sentido tendría duplicar la recaudación y seguir aportando lo mismo–, y la renuncia de la Administración del Estado a cobrar los impuestos en un territorio que supone la quinta parte del PIB español (y que sumado al PIB de los territorios forales, se acercaría al 30%).

Como han señalado Zubiri, Monasterio y De La Fuente, esa situación, y más si se extendiera el modelo a otras CC AA, dejaría al Estado en una posición de extrema debilidad, y sin instrumentos para ejercer sus competencias constitucionales como la estabilización macroeconómica y la preservación de la cohesión social y territorial del país. Consideran que cambiar un modelo que funciona por un arriesgado salto al vacío no parece una buena idea.

Todos los grupos de intereses del país, y la ciudadanía han percibido de forma inmediata las asimetrías que se pueden generar en la calidad de los servicios esenciales, si los recursos son limitados, no todos ganan, hay perdedores, y las reacciones sociales y políticas ya se han producido, por lo que el devenir de las reformas legislativas de las normas estatales que son necesarias para que el nuevo modelo arranque (LOFCA, y Leyes de Cesión de Tributos), se van a presentar, cuando menos, inciertas, al margen de las serias dudas que se han planteado sobre la constitucionalidad del modelo, contraviniendo varios principios constitucionales. Todos los territorios tienen singularidades, ¿son tan cualificadas las de Cataluña como para justificar un modelo exclusivo y excluyente? ¿Son los impuestos estatales recaudados en Cataluña propios de ese territorio o de todos los españoles?

Los regímenes forales vasco y navarro, tomados ahora como referencia, son un privilegio en el contexto de la financiación territorial no porque técnicamente estén mal diseñados, sino porque la cuantificación de los flujos financieros Estado/territorios Forales, han sido fruto de negociaciones políticas sin transparencia ni lealtad institucional con el Estado, con aportaciones al Estado infravaloradas, y en el caso del País Vasco asumiendo el Estado con impuestos recaudados en territorio común el déficit de las pensiones en dicho territorio. ¿Cómo se calculará el 'cupo catalán'? ¿También será el fruto de un mercadeo?

Se desmantelará la Agencia Tributaria del Estado en Cataluña, y los beneficios derivados de sus puntos fuertes en el control del fraude –bases de datos unificadas, normas, medios y procedimientos de gestión uniformes– se desvanecerán. Y si el modelo evolucionara a más comunidades, los efectos nocivos se agravarían con más fraude, más desigualdad, costes mucho más elevados, amén de las dificultades prácticas para nivelar a las comunidades y la extrema debilidad de la Administración del Estado para obtener fondos tanto vía impuestos, como a través de emisiones de deuda. ¿Cómo quedará la posición de España en los mercados de deuda sin la capacidad de recaudar las principales figuras tributarias en una parte importante del territorio –la más rica– o, en su caso, en toda?

Son muchas las incertidumbres y los peligros que se presentan para la cohesión territorial y social de España, y para la fortaleza del Estado. Muchas CC AA han rechazado el modelo –la asturiana lo ha rechazado solamente si le perjudica–, veremos que se propone para contentarlas, pero desde luego si los recursos son limitados, que todos ganen es imposible, no cabe cuadrar el círculo.