Vivienda del siglo XXI

Y el problema de la vivienda es absolutamente endémica en este país. La escasez y los problemas de los jóvenes para comprar (absolutamente inasumible) o para alquilar son patentes. Se están pidiendo 1000 € a un chaval por una habitación compartida o 1500 € a una chica por un piso infecto sin ventana a la calle.

No creo que se solucione el asunto interviniendo el mercado del alquiler, ni mucho menos. Cataluña lo ha intentado y tiene un problema cuatro veces mayor que el resto de España. Allí sí que no se puede aspirar a una vivienda. Y lo de pretender expropiar viviendas vacías para darles supuestos usos sociales es tan contrario a los presupuestos esenciales del Estado de Derecho que evita cualquier consideración adicional al respecto.

Y luego han llegado las viviendas turísticas. Aquellos propietarios que compraron una vivienda y entienden que la rentabilidad de alquilarlos por días, fines de semana, u otros períodos y que pretenden huir de la inseguridad que otorga la Ley de Arrendamientos Urbanos que, con una simple declaración de vulnerabilidad permite ocupar una vivienda sine die y sin pagar cantidad alguna, han llenado el mercado de este tipo de pisos.

El Tribunal Supremo acaba de permitir a las comunidades prohibir el uso de viviendas para este destino con una mayoría de 3/5. Se basa en las eventuales molestias que causan al resto de vecinos, el mayor uso de las instalaciones comunes y otros argumentos que pueden leer en cualquier reporte de la noticia.

Y los Ayuntamientos han establecido moratorias en la concesión de licencias de pisos turísticos. El último, Llanes, esta misma semana. Parecen querer poner puertas al mar, pero me temo que el agua seguirá filtrándose.

Los pisos turísticos legales han funcionado bien. Cumplen los requisitos que les imponen las plataformas, que no son pocos ni fáciles. Pagan sus impuestos locales y nacionales, y compiten en el mercado hotelero y favorecen el hostelero.

Mi temor, se lo confieso, es que las moratorias llenen el mercado de pisos ilegales. De estos que se anuncian sin tener licencia alguna, y que, al ser denunciados, cambian de plataforma y siguen operando. Esos sí son malos para vecinos, comunidades, y Ayuntamientos.

Tenemos que asumir una regulación integral en un fenómeno que nos desborda. Pero si hemos conseguido regular legalmente internet (más o menos, no se crean) y superar legislativamente una pandemia, esto es perfectamente posible.