Inmigrantes ilegales

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es a mi juicio la norma más politizada que tenemos, con doce modificaciones en 22 años de vigencia, mercantilista y supeditada al mercado de trabajo. No respeta los derechos humanos y castiga una irregularidad administrativa con la pérdida de libertad e ingreso en los centros de internamiento de extranjeros.

Según datos recientes del INE, en España tenemos en torno a 5,5 millones de extranjeros (9,8% de la población) y han aumentado en cerca de 300.000 en dos años, lo que contribuye a corregir el saldo negativo de población española, que a lo largo de 2021 perdió 131.080 personas. En Asturias solo tenemos 45.542 (4,6% del total de la población, que está decreciendo año tras año). La tasa de extranjeros en el Principado es la segunda más baja del país.

La gran mayoría de los inmigrantes llegan a España por vías regulares, con visados, pero algunos, al no renovarse estos, terminan siendo irregulares. Aunque resulta trágico, los que llegan en pateras o asaltan las fronteras de Ceuta y Melilla son minoría (hay registrados 2.273 en los centros de internamiento de extranjeros). Las causas de esta inmigración irregular normalmente derivan de problemas sociales en los países de origen, conflictos armados, persecuciones políticas o religiosas y, sobre todo, la pobreza extrema.

Tanto España como la UE son incapaces de responder a las necesidades humanitarias sobre la base de la solidaridad, e incumplen los objetivos fijados en 2000 por los 189 países de Naciones Unidas. En este momento solo hay una política común: cerrar fronteras. Las consecuencias son que si no resolvemos los mecanismos de la inmigración legal, difícilmente podrán resolverse los problemas de la inmigración ilegal.

Las políticas actuales llevan a los inmigrantes a la exclusión. Los sin papeles entran de lleno en la economía sumergida: tenemos inmigrantes irregulares porque encuentran empleos sumergidos. El gran problema es que buscamos mano de obra y el resultado es que nos llegan seres humanos. Y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Los confinamos cerrando herméticamente nuestras fronteras? ¿Los repatriamos o les prestamos ayuda humanitaria?

Para entender el problema, es necesario también hablar de esos mitos y estereotipos que provocan racismo o xenofobia, pero que no tienen fundamento alguno en base a los datos reales. Se dice que nos quitan el trabajo, pero estas personas solo pueden encontrar empleo en aquellos puestos comprendidos en el catálogo de difícil ocupación que publica trimestralmente el INEM. Y ha de decirse también que los inmigrantes están detrás de nuestro crecimiento económico y que sus aportaciones a las arcas públicas dan un saldo neto positivo del 6,6%, con un importante respiro a la Seguridad Social.

Han permitido la incorporación al trabajo de la mujer española, que antes se quedaba en su casa al cuidado de los hijos. Al ocupar puestos de trabajo poco deseables para los españoles, han permitido que nosotros ocupemos puestos más altos en la pirámide laboral. Han contribuido a la mejora de nuestro estado de bienestar y ya en este momento son absolutamente necesarios para que nuestra economía, con una población cada vez más envejecida, pueda funcionar.

Otro mito que conviene desterrar es el de que viven de subvenciones o que abusan de nuestra sanidad. El dato real es que sólo el 7% de los que cobran la renta básica son inmigrantes. Y mientras el porcentaje de población dependiente española es del 30,8% el colectivo de inmigrantes tiene una tasa del 7,9%. Aportan de manera neta a la caja del estado más que la población nacional. En cuanto a la sanidad y frente a ese mito de que la colapsan, el dato real es que el inmigrante hace uso de ella un 45% menos que los españoles, debido a que son jóvenes mientras nuestra población está envejecida

Guste o no guste a algunos, la realidad es que, con una población española cada vez más envejecida, necesitamos que a nuestro país y a nuestra Asturias, lleguen inmigrantes, como único recurso tanto para evitar la pérdida de población, como para contribuir al mantenimiento de una economía sostenible y a mantener nuestro estado del bienestar.