La industria gijonesa, en peligro

Por si esto fuera poco, y tras dos años de espera y numerosos retrasos, un gobierno que se considera a sí mismo el más progresista de la historia aprueba un real decreto dos años después de haberlo prometido, que no recoge las principales reivindicaciones hechas desde Asturias para que la industria básica, la que más electricidad consume, pueda recortar el sobrecoste en la factura de la luz que tiene que asumir con respecto a sus competidores europeos. ¿Cuál es el problema? El Gobierno ha decidido ampliar el abanico de compañías que pueden llegar a beneficiarse de estas ayudas. Tanto que los candidatos solo necesitan cumplir un requisito, su consumo debe ser superior a 1 gigavatio durante dos de los tres años anteriores a recibir la subvención. Sin embargo, la parte del pastel a repartir es –más o menos– la misma. Gráficamente, todo esto supone que, a partir de ahora Arcelor, AluIbérica o Azsa recibirán el mismo trato que un pequeño taller que consume muchísima menos electricidad.

Es este pues, un estatuto que ni responde a las demandas de la industria ni, mucho menos, a las de los y las trabajadores y trabajadoras y que, como digo, pone en grave riesgo el futuro industrial de nuestra ciudad y de toda Asturies. Por eso no se entiende muy bien la respuesta timorata que las fuerzas políticas y sociales de la izquierda asturiana y gijonesa están teniendo. Quien se sienta en el Consejo de Ministros son sus propios compañeros y compañeras, así que ya no caben excusas de mal pagador. Lo que nos estamos jugando en estos momentos es el futuro industrial de nuestra ciudad y de nuestra tierra. Y, con ellos, miles de empleos. Algo que aquellos que se autotitulan 'de izquierda' no deberían olvidar.