Las indicaciones del Gobierno

Pero la fragorosa huida hacia delante de la ministra se adentra en otro terreno: el concepto de Estado. La acusación a los jueces de aplicar la norma de forma machista deja en evidencia la confianza que Irene Montero tiene en los tribunales. Su propuesta de arreglar la situación con unos cursos de formación para indicar a los magistrados cómo deben hacer su trabajo supone aún más: un golpe directo a la separación de poderes, la deslegitimación de los textos de las leyes y un margen a la arbitrariedad en la justicia, donde deberíamos encontrar las certezas de un estado de derecho y no las incertidumbres del autoritarismo.

De forma complementaria y mientras se logra que los jueces entiendan cómo deben aplicar una ley al parecer por encima de su formación y sensibilidad, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha solicitado a los medios de comunicación que no informen de las resoluciones que beneficien a los condenados por violencia sexual. Parece que el éxito de la nueva ley también requiere la autocensura periodística, porque las noticias ◘–no los hechos–, «pueden alarmar mucho a las mujeres». Antes que ella, también hubo quien recomendaba acallar la violencia machista bajo argumentos no tan distintos. Llegados a este punto, solo cabe preguntarse si las mujeres pueden sentirse más seguras bajo una protección que depende de las indicaciones del Gobierno a los jueces y a los periodistas. Ejemplos de este modelo de Estado existen. Por desgracia.