Para qué

Y es que nada es inocente. Nos niegan país, lengua y bandera con los mismos argumentos de siempre: que si no son necesarios, están extinguidos, imponen obligaciones, implican costes o nos llevan al separatismo. Y precisamente porque no les hacemos caso, y los seguimos usando, nos los seguirán prohibiendo, ninguneando, folclorizando, frivolizando y silenciando; y además insistiendo en que es por nuestro bien. Pero no; que no les engañen: es justo al revés. No somos (oficialmente) una comunidad histórica precisamente por eso: por nuestro empeño en serlo y por el mal ejemplo que podríamos dar a los demás. Y por eso les molesta tanto que podamos usar (oficialmente) nuestra lengua en nuestras propias instituciones: porque así pueden seguir alimentando el miedo a no sé qué imposición carísima, corrupta y muy peligrosa; y por eso cuando, armados de paciencia, insistimos en corregir (oficialmente) esta anomalía histórica, económica y jurídica todavía hay quien nos acusa de antisistema y nos pregunta ¿para qué?

Por supuesto que podríamos vivir sin oficialidad. Podríamos, para empezar, no tener ninguna bandera oficial y todo serían ventajas: no habría imposiciones, ni obligaciones y cada cual podría usar la que más le gustara. Calculen cuánto nos ahorraríamos en ayuntamientos, consejerías, delegaciones, juzgados, comisarías, cuarteles, estancos, loterías, conservatorios y no sé cuantísimos sitios más en los que –por culpa de la oficialidad– deben lucir varias enseñas (local, autonómica, estatal y comunitaria) y un montón de escarapelas, estandartes y mástiles singulares –como la ordinariez esa de la Plaza la Escandalera–, por no hablar de los futuros puntos de homenaje permanente que va a proponer quien yo me sé.

Nada de eso sería necesario sin la oficialidad –o la cooficialidad– de nuestras banderas; o nuestros himnos, nombres, lenguas o instituciones. Hablando de esto último, imaginen la cantidad de líos que nos ahorraríamos sin, por ejemplo, ayuntamientos oficiales: todas las decisiones públicas las tomaran autoridades designadas y las ejecutaran funcionarios competentes. Y punto. Todo sería muy fácil: nada de elecciones, campañas, plenos, liberaciones, incompatibilidades ni politiquerías varias que solo traen dolores de cabeza. En nuestros 78 concejos, nos podríamos ahorrar casi mil políticos, con sus dietas y todo. ¿Y cuánto nos ahorraríamos sin diputaciones provinciales? Imagínenlo: de hecho, en nuestro pequeño y verde país no la tenemos. ¿Para qué las queremos, entonces? ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo necesitamos nuestra Xunta Xeneral con sus cuarenta y cinco diputados y todos sus asesores? ¿Y las Cortes Generales? ¿Y el Parlamento Europeo?

Dejémonos de tonterías: nuestro problema no es la oficialidad; nuestras instituciones, bandera, himno y nombre son oficiales desde hace muchísimo tiempo sin ningún problema. Lo único problemático –y disfuncional– es llevar cuarenta años incumpliendo nuestras propias leyes, en espíritu y letra. Y por eso tenemos que corregir ya esta anomalía y declarar nuestras lenguas oficiales. ¿Y para qué? Pues para empezar a ser normales. Que no es poca cosa.