Pérdida de credibilidad institucional

En nuestro país, vemos cómo se concede la amnistía a Puigdemont a cambio de sus votos y también vemos cómo se anulan las condenas a todos los lideres de la trama de los ERE. En definitiva, estamos viendo cómo los poderes políticos utilizan la justicia para ponerla a su servicio y esto, sin duda alguna, lo que provoca es una manifiesta falta de igualdad ante la ley, desde el momento que los jueces afines protegen a los políticos de su interés.

En el caso de los ERE, la actuación de los siete miembros progresistas del Tribunal Constitucional está claro que tuvo como objetivo politizar el sistema judicial, desde el momento en que, con sus decisiones, sólo trataron de favorecer a los dirigentes del partido al que han pertenecido o pertenecen. Consiguiendo de esa forma exculpar a los responsables del mayor escándalo de malversación que se ha vivido en nuestro país. Las resoluciones que adoptaron a favor de los líderes del PSOE andaluz han implicado revocar todo lo que se había instruido y todas las sentencias dictadas durante mas de doce años por un montón de jueces de cuatro instancias diferentes.

Si tenemos en cuenta que la justicia debe actuar de manera imparcial y basada en hechos y pruebas, sin influencias políticas, las decisiones judiciales deben de ser respetadas. Por ello, en un estado verdaderamente democrático estas resoluciones judiciales dictadas en cuatro instancias diferentes en el caso de los ERE a todas luces deberían haber sido respetadas, como principio básico en un estado de derecho.

Pero lamentablemente este estado de derecho ha sido roto, desde el momento en que siete miembros del Tribunal Constitucional han decidido aplicar lo que podríamos llamar el derecho del estado a su conveniencia. Y es que resulta muy significativo que uno de estos miembros haya sido diputado y ministro del PSOE, otro recibió la medalla de Andalucía de mano de los condenados y otra saltó del staff de la Moncloa al Tribunal constitucional. Y el propio presidente, al haber sido antes Fiscal General del Estado y nombrado por el Gobierno, por principio debería haberse abstenido, pero lamentablemente no lo ha hecho.

Es aberrante que estos siete magistrados hayan sostenido que al haberse aplicado una ley presupuestaria que ha tenido el refrendo parlamentario ningún alto cargo puede incurrir en malversación. Con esto resulta evidente que nuestro sistema democrático queda herido desde el momento en que el Tribunal Constitucional, en lugar de defender y juzgar que se cumpla nuestra Carta Magna, lo que hace es tirar por la borda las sentencias condenatorias dictadas por varios jueces en cuatro instancias distintas.

Se ha destruido el derecho a la tutela judicial efectiva y en vez de aplicar la doctrina legal, se ha aplicado la doctrina política que interesa y, además, se ha llegado a hacer que no todos seamos iguales ante la ley.

Con esto yo ya no puedo fiarme y esperar que, de verdad, el Tribunal Constitucional vele por la defensa de nuestra Constitución, desde el momento en que sólo está velando por los intereses de partido de sus miembros.