Derecho y nuevas tecnologías

Ante nosotros tenemos la Inteligencia Artificial, llena de subcampos, que van desde el aprendizaje y la percepción, al reconocimiento de voz o de imágenes, cálculos matemáticos o diagnóstico de enfermedades, entre otros asuntos. La Inteligencia Artificial, que está en un enorme desarrollo, permite sintetizar y automatizar tareas intelectuales, algo que resulta de gran relevancia para cualquier ámbito de la actividad humana.

Utilizando un símil automovilístico, las nuevas tecnologías se están moviendo como la fórmula 1, en la alta velocidad y en el desarrollo acelerado de prototipos. Por el contrario, utilizando un símil vulgar, el Derecho se mueve a velocidad de burro, con todo el respeto para los jumentos.

El Derecho en este momento, con su enorme lentitud, está siendo superado por los vertiginosos ritmos tecnológicos, ya que intentó e intenta dar respuestas jurídicas y crear marcos legales que protejan todos los intereses en juego, y particularmente los intereses de los ciudadanos. Así, vemos cómo el Estado español vino aprobando La Ley 34/92 de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley de Firma Electrónica, etc.

Tenemos la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, o el proyecto de Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y las Redes Públicas de Comunicaciones, o el proyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y, mas recientemente, el Real Decreto Ley 7/22, que establece requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, o el RD 24/21, para que las plataformas digitales protejan los derechos de autor.

En lo que se refiere a la regulación de la Inteligencia Artificial, la Unión Europea recientemente ha propuesto una ley destinada a establecer un marco jurídico para el uso de la IA dentro de su ámbito.

Con todo y con ello, a mi juicio los instrumentos jurídicos creados y puestos en marcha para hacer frente a los retos que plantean los avances tecnológicos están resultando bastante inadecuados, ya que, sencillamente, la capacidad legislativa de un Estado y el ritmo de sus Tribunales de Justicia, son incapaces de alcanzar, y menos de mantener, esa alta velocidad de los avances tecnológicos.

Piénsese sólo en el proceso que exige el desarrollo de una ley, con todos los largos y lentos trámites parlamentarios. O piénsese en la lentitud con que se mueve la Administración de Justicia, lentitud que hace que casi ni se genere jurisprudencia.

En definitiva, y volviendo al símil automovilístico, mientras que las nuevas tecnologías están compitiendo en la F1, las respuestas legislativas del Estado y la actuación de los tribunales de Justicia se están moviendo con las tecnologías de los antiguos y lentos motores diésel.

Por tanto, va a ser realmente difícil que el Derecho gane la carrera de las nuevas tecnologías.