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En este momento, en España tenemos catalogados del orden de 300.000 pisos de alquiler social, una cifra que representa solo el 1% del parque de viviendas, porcentaje este que queda muy lejos, por ejemplo, del 34% de los Países Bajos o del 24% de ... Francia. La conclusión, por tanto, es que en nuestro país no existe un colchón de viviendas públicas que puedan servir de ayuda a colectivos desfavorecidos.
Dentro de la OCDE España es uno de los cuatro países que tiene menos viviendas destinadas a alquiler social. Los otros tres son la República Checa, Lituania y Estonia. El propio Banco de España, en su último informe, que se publicó tan solo hace unos días, sobre 'El mercado de alquiler de vivienda residencial en España' así lo reconoce. Ante esta situación, si quisiéramos estar al nivel de las economías avanzadas de nuestro entorno, tendríamos que tener un millón y medio más de viviendas destinadas al alquiler social.
Puede ser cierto que el precio de los alquileres represente un problema, sobre todo en las grandes ciudades, pero, a mi juicio, el verdadero problema va mas allá de los precios. Los alquileres sociales son escasos y la tasa de 'sinhogarismo' sigue creciendo de modo alarmante, situación esta que ha provocado que la Comisión Europea haya llamado la atención a España, como consecuencia de que nuestro país no tiene recursos para ayudar a los colectivos vulnerables a que tengan una vivienda digna.
Los pisos de alquiler social son escasísimos y la consecuencia aparejada es que, en este momento, el 45% de los inquilinos de nuestro país, están en riesgo de pobreza. Mas de cuatro millones de ciudadanos, están en situación de pobreza severa tras pagar su alquiler. Según los datos del Banco de España, ningún otro país europeo se encuentra en esta desoladora situación.
Esta extrema escasez de viviendas sociales con alquileres asequibles además de ser un problema social de gran magnitud, limita claramente la posibilidad de que los jóvenes se emancipen y puedan vivir dignamente para incrementar la natalidad, algo que como se recoge en la última memoria económica del CES provoca un claro cuello de botella para permitir nuestro crecimiento.
En los años 50, en tiempos de la dictadura franquista y después, con la llegada de nuestra democracia, en nuestro país se apostaba claramente por la vivienda pública. Tanto es así, que entre 1950 y 2016 se construyeron 6,8 millones de pisos protegidos, cifra que representaba que el 90% de los que se construían, eran protegidos. Algo que favorecía a todas las familias españolas para tener acceso a viviendas dignas. Si este estado de cosas no se hubiera acabado con el mercado libre, hoy no habría ningún problema de vivienda en España.
Hemos pasado de ser un país volcado en los pisos protegidos a un mercado libre que ha llevado a la ruina a muchos ciudadanos, que no pueden pagarse los actuales alquileres o las hipotecas para adquirir una vivienda en propiedad. Y sólo tenemos que ver el propio informe del Banco de España donde se recoge de modo expreso que ha habido una drástica reducción de la inversión pública para alquileres sociales.
Está claro, pues, que nuestro reducido número de pisos destinados a alquiler social es debido a la escasísima dotación de presupuestos para este tipo de viviendas y, por ello, si el esfuerzo inversor de nuestro gobierno es el que es, la situación cada vez será mas grave. Mientras que otros países, al igual que ocurre en España, sufren alza en los precios de los alquileres, pero ellos tienen un necesario colchón para ayudar a los colectivos vulnerables. Pero en España no.
Así que señores del Gobierno: pónganse las pilas, dejen a un lado las refriegas parlamentarias, pónganse de acuerdo y piensen en favorecer a los colectivos vulnerables. ¿Será mucho pedir?
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