La reforma de las pensiones, frente al falso relato

La reforma desmiente también las proclamas de los agoreros que, desde la derecha y desde la academia, han venido anunciando la recesión y el inminente bloqueo de los fondos por parte de la Comisión Europea, si a cambio no se retrasaba la edad de jubilación al menos a los setenta años, se aumentaba el periodo de cómputo a treinta años de cotización y se derogaba la revalorización de las pensiones, como mínimo para las pensiones más altas.

Todo ello, con el objetivo de recortar la pensión media y estimular la contratación de fondos privados de pensiones por parte de las rentas salariales más altas, avanzando en la transformación del sistema público en un modelo mixto de pensiones. A pesar de que ninguno de estos augurios se ha cumplido, sin embargo tanto el PP como la representación de los empresarios todavía hoy continúan alimentando el catastrofismo sobre la supuesta inviabilidad del sistema público de pensiones, y en relación con el próximo final de los fondos europeos.

Por el contrario, el acuerdo con la Comisión Europea es una excelente noticia en la garantía de las pensiones públicas, que culmina la reforma de uno de los pilares del estado del bienestar, basado por una parte en las directrices del Pacto de Toledo en relación con el periodo de cómputo y que, como la relativa a la revalorización anual y el fondo de solidaridad para la generación del 'baby boom', lo hace con un amplio acuerdo politico, social e institucional. Todo esto, a diferencia del retroceso, la imposición y el conflicto social de la reforma como un recorte por las bravas de nuestros vecinos franceses.

Con ello, la reforma laboral y la reforma de las pensiones han dejado de ser sinónimos en España de los poco menos que inevitales recortes sociales y privatizaciones, para pasar a significar, como antes del periodo neoliberal, la posibilidad de avanzar en la mejora de la calidad del empleo y en la garantía de la dignidad de las pensiones de los futuros jubilados. A partir de éstas se rompe también con el relato interesado de que en el futuro nuestros hijos estarían condenados a vivir peor que sus padres, y dentro de éste que en la sociedad digital nunca contarían con un empleo de calidad y, mucho menos, con la protección de un sistema público de pensiones como el actual.

El texto del acuerdo hasta ahora conocido de la propuesta de reforma de las pensiones se basa en la posibilidad de elegir el actual periodo de cómputo de venticinco años o bien el de ventinueve, excluyendo los dos años de peor cotización, lo que supone la mejora de la pensión final en las carreras irregulares, en particular de las mujeres y los jóvenes. Una posibilidad de elección que ha salvado el rechazo de Unidas Podemos y de los sindicatos a cualquier fórmula que conllevase un recorte de las pensiones.

Sin embargo, la reforma no se queda aquí, sino que a la revalorización anual de las pensiones, que ha supuesto el mantenimiento de su poder adquisitivo en plena escalada de precios, se suma el incremento progresivo de las pensiones mínimas para su convergencia con el 60% de la renta mediana y también de las no contributivas con el umbral de la pobreza, junto a la cobertura de las lagunas de cotización en las mujeres trabajadoras y el establecimiento de un complemento anual para la reducción de la brecha de género.

Por otra parte, la reforma entra de nuevo también en el asunto esencial de los ingresos, que en el acuerdo anterior se basaron en el traslado de materias impropias a su financiación mediante los Presupuestos Generales del Estado, y que ahora incrementa directamente los ingresos mediante el destope de las bases máximas de cotización en un periodo que va de 2024 hasta 2050, que, con ello, no solo mejora la suficiencia del sistema sino también su contributividad, ya que lleva aparejada la mejora, si bien más lenta, de la pensión máxima.

En definitiva, el acuerdo culmina con éxito la segunda fase de la reforma del sistema público de pensiones y con ello no solo mejora las pensiones actuales y garantiza las futuras, sino que dota al sistema de pensiones de una imagen de estabilidad, dando seguridad a los ciudadanos frente a la sistemática campaña de descrédito de lo público con el único objetivo de favorecer su privatización.

Por último, el acuerdo vuelve a mostrar el camino a los socios de gobierno y a sus apoyos parlamentarios para recuperar la iniciativa y movilizar a los votantes en torno a una agenda de reformas sociales, a pesar del contexto de incertidumbre y agitación populista favorecidos por los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania y de los desencuentros en el propio seno del Gobierno.