Exigencia al Gobierno

Pese a las promesas del Gobierno, el Estatuto se orienta hacia otro tipo de plantas, al definir como industria electrointensiva a toda aquella que consuma 1 gigavatio (GWh) anual, un umbral muy bajo en comparación con las producciones asturianas, como en el caso del aluminio primario, que consume 1.500 GWh. En vísperas de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el Gobierno tenía ultimado un borrador donde se exigía para ser considerado consumidor electrointensivo «haber consumido, al menos en dos de los tres años anteriores, un volumen anual de energía eléctrica superior a los 40 GWh». En el texto se contemplaban las dos figuras, consumidor electrointensivo y consumidor hiperelectrointensivo. En el Estatuto desaparece la figura del hiperelectrointensivo, dejando a la industria básica asturiana al pairo. El Gobierno amplía el concepto de consumo intensivo hasta desvirtuarlo, abriendo la puerta a 612 factorías desperdigadas por sesenta ramas de actividad, de las cuales una treintena están localizadas en Asturias. Para el conjunto de factorías están presupuestados 310 millones de euros en ayudas, dando como resultado una compensación económica muy baja para cada una. Los mecanismos propuestos en el Estatuto para rebajar el precio eléctrico distan mucho de ser satisfactorios, en unos casos por el contradictorio tratamiento de los peajes que beneficia a las industrias menos consumidoras, con una subvención en la factura de 6,45 euros MWh, y perjudica a las electrointensivas -Arcelor, Asturiana de Zinc, Alú Ibérica- donde se reduce a 54 céntimos por MWh la ayuda, y en otros casos por la renuncia a utilizar dispositivos que dieron resultado en España. Lo siguen dando en otros países vecinos, como es el servicio de interrumpibilidad que llegó a estar cubierto con más de 500 millones de euros, y que cumple con la función de regular la demanda eléctrica.

Desde el inicio del actual mandato autonómico hubo consenso entre las fuerzas políticas para demandar de la Unión Europea un arancel medioambiental que proteja a nuestra siderurgia del acero sucio importado y para exigir al Gobierno de España un Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que coloque el precio de la electricidad de uso industrial en línea con la competencia europea. La primera pretensión no avanza y la segunda se ha cumplimentado dando la espalda a los intereses de la industria asturiana. La normativa aprobada es frustrante y coloca a nuestras principales factorías en una situación de debilidad con respecto a las de los países vecinos por déficit de competitividad, agitando el fantasma de los cierres por falta de rentabilidad, la pérdida de puestos de trabajo y las deslocalizaciones. El Principado, apoyado por todo el arco parlamentario, debe exigir medidas efectivas al Gobierno de España para la gran industria, piedra angular de la Asturias moderna.