El Estado y los problemas de la mayoría social

El resultado es que España es uno los países de la OCDE donde más ha crecido el gasto público. El techo de gasto, un 58% entre 2019 y 2022. Objetivo: «resolver los problemas que tiene la mayoría social», entendidos como inclusión social y seguridad para armar un proyecto vital. No está muy claro, sin embargo, que la estrategia de engordar la maquinaria estatal sea, necesariamente, la adecuada para ello.

Primero, porque parece que el principal vector de inclusión y seguridad vital es el empleo. Es posible que no sea el único -ahí están los trabajadores pobres-, pero sí, con diferencia, el más importante. Sin embargo, los datos de empleo no son buenos. Las últimas series disponibles muestran que, aunque en recuperación: a) estamos lejos no ya de recuperar la ocupación para periodos comparables de 2019 -muchos países europeos ya lo han logrado-, sino la de 2007 b). Estamos asistiendo a una sustitución de empleo privado (medio millón de empleos menos) por empleo público, con unas 300.000 contrataciones desde 2019. Y c) que, además de en el sector público, el empleo ha crecido, en ramas como el turismo, los cuidados personales, la construcción,... alimentando la dualidad de la ocupación. De un lado, los que trabajan en esos sectores; de otro, los profesionales privados cualificados (nuevos empleos en seguros y fondos de inversión) y los trabajadores públicos.

Segundo, porque nuestro Estado del Bienestar cumple mal su papel redistribuidor, de red de seguridad complementaria, beneficiando más a las clases medias que a los más desfavorecidos. Es un rasgo compartido con Italia y, quizá, Francia, como consecuencia de la existencia de notables programas de pensiones, de asistencia sanitaria 'gratuita', o de prestaciones por desempleo que suponen lo mollar del gasto público en bienestar. A cambio, España sobresale por la casi inexistencia de programas de vivienda, -0,02% de gasto sobre PIB, por un 0,82% en la UE- o de programas contra la exclusión social -0,36% vs. 0,82% en la UE-.

Todo apuntaría a dos recetas clave para resolver esos problemas de la mayoría social. Por un lado, crear buenos empleos. De otro, reformar nuestro estado de bienestar para cumplir mejor su misión. Pero ¿es posible alimentar nuevas partidas de gasto que mejoren la función redistribuidora del Estado manteniendo no ya las actuales sino su actual ritmo de crecimiento? Las cifras de déficit pero, sobre todo, de la deuda y su servicio, a cuyo pago destinamos 32.000 millones anuales, indican que no. Las previsiones de déficit del propio Gobierno para los próximos años tampoco son halagüeñas. Es cierto que endeudarnos sale, ahora, a coste cero, gracias al Banco Europeo. Pero ¿qué pasará cuando se cierre el grifo del dinero gratis? Habrá quienes, desde la Teoría Monetaria Moderna, señalen que no tiene importancia. Otros dirán que se pueden subir los impuestos. Pero todo apunta a que los tipos fiscales, teóricos y efectivos en España, no son precisamente bajos. Y a que el problema esencial es una base imponible demasiado estrecha: pocos ocupados, mal pagados y poco consumidores; empresas pequeñas y poco rentables... ¿Vamos a elevarles, aún más, tributos y cotizaciones?

Parece que la clave estaría en invertir en empresas productivas, robustas, rentables, capaces de invertir y crecer, creando buenos empleos. Empresas y empleos que mejorarán no sólo la inclusión social, sino que generarían también recursos para sostener políticas públicas potentes y, sobre todo, eficaces contra la desigualdad, la exclusión y la pobreza. A veces parece que siempre queremos empezar la casa por el tejado. Solemos comparar las ratios de 'gasto social' en España con las de otros países (no salimos malparados). Algunos incluso comparan la tasa de empleo púbico en Escandinavia con la española, sin anotar que lo de Suecia o Noruega es una excepción. La de Alemania, por ejemplo, es inferior a la nuestra. Pero nunca comparamos las de inversión productiva no inmobiliaria. Y ahí son muchos los países que nos llevan ventaja desde hace lustros. Por cierto, también en materia de inversión pública, que en España presenta tasas bajísimas.

Se argüirá que si los fondos europeos. Pero más allá de las dudas sobre nuestra capacidad para gestionarlos, los documentos enviados a Bruselas no parecen apuntar tampoco en la buena dirección, tendiendo más a inversiones con retornos a corto plazo o muy teóricos -redes de carga eléctrica, aislamiento de viviendas- y no tanto a largo plazo, más allá de las puntuales anunciadas por empresas como Arcelor o VAG, que sostienen sectores ya existentes, como el acero y el automóvil, sin crear otros nuevos.

Da la impresión de que ese despliegue del Estado carece de un proyecto de transformación estructural profunda y a largo plazo que vaya más allá de la retórica, el eslogan y el arbitrismo. De que actúa más sobre los efectos que sobre las causas, generando a veces efectos contrarios a los deseables. Algunos investigadores apuntan a que las subidas del SMI han dejado a docenas de miles de españoles varados en el desempleo, reforzando la exclusión. Más aún cuando los bajos salarios en España afectan más a los trabajos cualificados que a los poco cualificados. Sucede lo mismo con los precios de la energía: más que enmendar posibles fallos regulatorios, nacionales o europeos, de los mercados de emisiones o de los paradójicos programas de transición energética, se trampea con los precios reduciendo tributos o creando bonos sociales. O, como sugieren muchos análisis, todo apunta a que la laxitud monetaria que nos permite endeudarnos tiende a beneficiar más a los ricos que a quienes se supone que deben ser atenidos con esos recursos. O a alimentar una inflación que es la peor enemiga del nivel de vida.

Buena parte del desarrollo económico y social de España debe atribuirse, históricamente, a la acción del Estado. Pero ese rol dinamizador no implica un estado inmenso, sino un estado eficiente y ágil, con mecanismos de coordinación bien engrasados, que 'cuide', sí, de la ciudadanía, pero no asfixiando, sino animando y acompañando la inversión productiva, la innovación y la creación de empleo. Pero los indicios hacen pensar en que el rol que nos proponen para ese Estado, lejos de 'resolver problemas', podría estar, siquiera en parte, complicándolos aún más.