Entenderse con los extremistas

Mejor dicho, era posible y debería seguirlo siendo, aunque la situación actual tanto en España como en otros países nos muestra que cada día que pasa se vuelve más complicado. La multiplicación de los partidos, que ha acabado con el bipartidismo que tan buenos resultados proporciona donde se mantiene, lejos de simplificar los arreglos ha liado más las cosas en las negociaciones. Y de manera especial cuando se trata de organizaciones con planteamientos extremos en sus convicciones y radicales en la pretensión de imponerlos.

En la actual coyuntura española, donde la crisis institucional y política alcanza aspectos globales, dos de estos nuevos partidos, Unidas Podemos por la izquierda y Vox por la derecha, no solo han activado las tensiones que las diferencias extremas incentivan entre la ciudadanía, sino que, además, han generado el temor a que sus representaciones parlamentarias se conviertan en imprescindibles para constituir las mayorías necesarias para formar gobiernos, partiendo de exigencias inasumibles.

La fragmentación de las cámaras, con doce grupos de diputados y senadores, incluidos algunos cuyos objetivos son de carácter independentista, ha sido la causa de confusión que muestra el actual Gobierno, de sus contradicciones y errores legislativos y administrativos, que lo condenan a justificar la crítica diaria en los medios y el descontento oscilante entre los ciudadanos. Pero el Gobierno que preside Pedro Sánchez, con sus frecuentes 'donde dije digo...', no es el único. La demagogia frivoliza las promesas e intenciones.

El problema se repite también en los gobiernos autonómicos y hasta municipales. El ejemplo más reciente es el que ha surgido en Castilla y León, donde la coalición entre el Partido Popular, mayoritario, y Vox no ha dejado de hacer saltar chispas desde que se implantó y, apenas con unos meses de experiencia, está a punto de romperse. Las exigencias de Vox ante el derecho de las mujeres a abortar, reconocido en Europa -y en la práctica totalidad de los países democráticos- no pueden encajar en una Constitución que parte del respeto a la voluntad de las personas.

Sobre el aborto hay frecuentes discrepancias, pero llegado el caso son las mujeres quienes tienen el derecho a decidir y se impone respetarlo. Son las ventajas de vivir en libertad. Es una cuestión polémica, pero se defiende con el argumento indiscutible de que la mujer tiene unos derechos personales e íntimos que los demás no podemos prohibir ni condicionar. En este caso, hay algo que hace que la oposición haya rebasado los argumentos verbales, para pasar a exigencias que violan la dignidad de quien tiene que sufrirlas y que es bastante probable que le creen traumas psicológicos para su futuro.