Hablar claro

Con los políticos es diferente. Ellos confeccionan leyes, ordenanzas, discursos que no podremos entender nunca. Retuercen las palabras, las mueven de sitio, crean verbos nuevos y adjetivos de dudosa realidad cuyo fin es desorientarnos. Los asesores de los gabinetes políticos parecen tener un reto: crear documentos cuya información no sea procesable para nuestra humilde inteligencia. Así que la Junta de Andalucía ha tirado la toalla; o lo que es lo mismo: se ha rendido destinando un dinero del presupuesto a «la contratación de servicios para la realización de un sistema de conversor de documentos a lenguaje claro».

No es algo único de este país, el morro de nuestros gestores se extiende a otros lugares. En Argentina, donde son tan dados al verso psicoanalítico, han llegado a obtener expresiones políticas más cerca del esperanto que de su español melodioso. Allí, una diputada harta de filigranas ha presentado un proyecto de ley para «obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público». No creo que consiga su propósito porque, entre otras cosas, la interpretación de las leyes y normas que redactan sus señorías tiene una misión inconsciente: dar trabajo a los empleados públicos para que los derechos y el acceso a los recursos no se vean limitados.

Pero a los españoles nos va la marcha y por eso votamos a partidos con un fervor similar al que sentimos por nuestros equipos de fútbol, y ellos lo saben. No se sienten obligados a buscar la excelencia de su oficio ante nosotros y lo que pesa en las urnas no es la honestidad o la experiencia, sino el color de la descafeinada ideología que pregonan. Votando a los memos que van en las listas, los estimulamos, pues les mandamos el mensaje de que su gestión nos importa un pimiento siempre que sea nuestro equipo.

Lo malo es cuando llega el momento de demostrar lo que vale un peine, véase una pandemia o una dana; entonces el precio es demasiado alto y a las cosas hay que llamarlas por su nombre y no con eufemismos exculpatorios.