Sin zonas de sombra

Otro hecho relevante sobre la actuación de la empresa es la falta de autorización de la Administración para realizar trabajos en el interior de la mina, con la excepción de la retirada de chatarra y el acondicionamiento de la planta primera. Es cierto que Blue Solving había obtenido permiso para llevar a cabo un Proyecto de Investigación Complementario (PIC) que tenía como objeto encontrar carbón de coque y grafito que pudieran ser útiles en el sector siderúrgico, la fabricación de baterías o paneles fotovoltaicos, etc. La autorización contemplaba extraer 60.000 toneladas en dos años, pero con la condición de presentar previamente, para su aprobación, el Plan de Labores del primer ejercicio en que estuviera vigente el PIC. Blue Solving no había presentado el Plan de Labores el 31 de marzo cuando murieron los cinco mineros. Todo trabajo de la empresa que no fuera la retirada de chatarra era ilegal.

Hay un aspecto en la autorización dada por la Dirección General de Minas que resulta controvertido. El 5 de junio del pasado año, Blue Solving solicitó la aprobación de su Proyecto de Investigación Complementario y el 8 de julio recibió el visto bueno del Principado. A los 33 días. Existen tres niveles de permisos: exploración (tarda tres meses la autorización, en el mejor de los casos), investigación (ocho meses, según la web del Principado) y los PIC, que son los más complejos porque necesitan pasar por una evaluación ambiental. Un ejemplo, la aprobación del PIC del Grupo Salave llevó tres años de trámites. En su petición, Blue Solving afirmaba que la investigación en Cerredo tendría una «nula incidencia ambiental». En la resolución del Principado no se da cuenta de que la empresa haya presentado un plan de gestión de residuos.

La política minera del Principado pasaba, hasta ahora, por facilitar las actividades del sector del carbón si eran para usos no térmicos, como el coque (producto obtenido por destilación parcial de la hulla). En 2022, otra empresa del grupo de Jesús Manuel Rodríguez, Combayl, tuvo un accidente mortal en Cerredo. Entonces se constató que extraía carbón. Tras multarla, en la Dirección General de Minas se dudó si inhabilitarla o cerrar la mina. Se optó por un control e inspección riguroso por parte de la autoridad minera. Una vez reemplazada Comabyls por Blue Solving, en 490 días solo se hizo una inspección, cuando lo usual en el sector es una al mes.

Las explicaciones dadas por Belarmina Díaz en el Parlamento fueron recibidas con duras críticas por parte de todos los grupos, al dejar muchas preguntas sin respuesta. Es evidente que el protagonismo de Blue Solving en todo lo ocurrido es insoslayable, pero también la Administración debe dar explicaciones sobre la inspección realizada y los permisos concedidos. Rechazar la formación de una comisión de investigación parlamentaria, como piden varios grupos, puede no ser la mejor manera de disipar las dudas. El Ministerio Fiscal, como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, han dispuesto recursos extraordinarios que demuestran la importancia que otorgan a la investigación. Dos ingenieros independientes actuarán como acusación particular en nombre del Principado, SOMA y CC OO. La Inspección General de Servicios, por decisión del presidente Barbón, va a auditar todas las actuaciones de la Dirección General de Minas desde 2022. Es fundamental que no queden zonas de sombra en las investigaciones.