Hasta el final

El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y las Instrucciones Técnicas Complementarias obligan a contar con ventilación adecuada, trajes EPIs y un vigilante que debe saber si hay presencia de gases antes de entrar el equipo y que luego controla el metanómetro o grisómetro. Existe una graduación de las medidas de seguridad, ventilación y tipo de maquinaria que se pueden utilizar en cada mina. Los técnicos de la Consejería de Transición Ecológica tendrán que investigar si la empresa Blue Solving cumplía con las condiciones de seguridad que exige la normativa.

A su vez, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea ha abierto diligencias para determinar si se cometieron delitos. Los datos que hemos ido conociendo revelan que la empresa no se atuvo a las autorizaciones dadas por el Principado para trabajar en Cerredo. Actuó con una amplia capacidad de disposición, utilizando supuestamente recursos y realizando tareas que le aportan beneficios, al parecer sin importarle el cumplimiento de la legalidad. Tal como han dicho los sindicatos, en Cerredo se ha pasado de los rigurosos códigos de seguridad de las explotaciones mineras a la forma de trabajo de los chamizos. A la vez, se observa una inexplicable incapacidad de la inspección de minas para hacer respetar la norma. A los dos meses de que Blue Solving pidiera permiso para recuperar 5.900 toneladas de material carbonoso, se produjo un accidente con un muerto y un herido con un dúmper que transportaba 20 toneladas de carbón por el interior de la mina, prueba palpable de que el empresario, Jesús Manuel Rodríguez, hacía caso omiso a la prohibición de extraer carbón. Tratado el asunto en la Comisión de Seguridad Minera, presidida por la entonces directora general de Minería, Belarmina Díaz, se optó por permitir que retomasen los trabajos con una «inspección en profundidad por parte de la autoridad minera». Con ese propósito y 20.000 euros de multa se zanjó el expediente. La última inspección a la empresa se realizó seis meses antes de la tragedia, cuando lo usual son las inspecciones mensuales. Un ciudadano particular, con dos vídeos, alertó a la Administración de que se sacaba carbón desde la bocamina de la tercera planta, donde se produjo el accidente, y advirtió, «se está explotando sin ninguna medida de seguridad». Por un error, el mensaje tardó año y medio en llegar a los responsables de la minería. Llama la atención que un ciudadano tuviese mejor información de lo que sucedía en Cerredo que la propia Comisión de Seguridad Minera.

A la forma de proceder del empresario, Jesús Manuel Rodríguez, extrayendo carbón de la mina sin licencia, se suman otras actuaciones reprobables, como tratar de culpabilizar al minero superviviente del accidente de 2022, con el dúmper, «por actitud imprudente y temeraria», así como estar imputado por presunta cooperación con narcotraficantes para introducir 390 kilos de cocaína por el puerto de Gijón.

El Principado tomó tres decisiones: encargar a la Inspección General de Servicios una auditoría del Servicio de Minas, personarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto y crear una comisión especial de investigación del siniestro. Adrián Barbón prometió al hermano de uno de los fallecidos «llegar hasta el final». Por respeto a los difuntos, a sus familias y amigos, a sus compañeros y a toda la sociedad asturiana, la investigación debe efectivamente llegar hasta el final, sin reparar en nombres y atendiendo a los hechos. Por los cinco mineros muertos, que deberían estar vivos.