Asturias, contra el pacto catalán

El pacto fiscal, calificado por el presidente, Pedro Sánchez, de «magnífico», tiene tres graves problemas: saca a Cataluña del régimen común, consagra la relación bilateral de esa región con el Estado y concede la soberanía fiscal para Cataluña. Como la economía catalana supone el 20% del PIB español, la desvinculación del modelo fiscal, tal como viene definido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, impide la suficiencia financiera de los territorios. Aceptar que la relación multilateral, con la que siempre se negociaron los distintos modelos de financiación, debe dar paso a un entendimiento bilateral del Estado con un territorio concreto es sinónimo de concesión de privilegios. La soberanía fiscal de Cataluña, que ya en el primer semestre del próximo año se empezará a concretar con la transferencia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la Generalitat, no solo deja a las regiones con escasos recursos sin protección, sino que daña al Estado, como bien dijo Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado. El Estado es el mayor garante del equilibrio interterritorial y esquilmar sus recursos supone empobrecernos a todos. El pasado año la Agencia Tributaria tuvo unos ingresos netos por los impuestos estatales recaudados en Cataluña de 53.543 millones, una cantidad que en 2025 irá directamente a la caja de la Generalitat.

Adrián Barbón fijó la posición del Principado frente al preacuerdo de una forma inteligente, recordando cuáles son las líneas rojas del Gobierno asturiano en materia de financiación territorial, que están contenidas en los acuerdos de Gobierno con IU, las resoluciones de la Junta General del Principado y la Declaración de Santiago, firmada con otros siete presidentes autonómicos. En base a lo anterior rechazó que cualquier comunidad autónoma pueda salir del régimen común o que, a partir de ahora, la solidaridad de Cataluña quede limitada por el principio de ordinalidad, ya que el sistema de financiación está centrado en los ciudadanos no en la capacidad fiscal de los territorios. Adrián Barbón advirtió que el debate sobre la financiación singular catalana va a darse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todas las comunidades autónomas representadas. Una intervención medida que estuvo guiada por una premisa sencilla: «No apoyaremos nada que vaya en contra de Asturias». El acuerdo de los dos partidos catalanes, refrendando por las bases de ERC, deja expedita la vía a la investidura de Salvador Illa, pero la batalla contra un modelo fiscal insolidario, basado en privilegios, no ha hecho más que comenzar.