Ante el inicio del mandato

Las votaciones en los ayuntamientos han confirmado el avance del PP, sobre todo en el occidente, y el retroceso del PSOE. Era un tanto singular la hegemonía socialista, durante décadas, con más de dos tercios de los alcaldes de la región, y el minifundio popular, con solo siete alcaldes. Ahora, siendo clara la ventaja socialista, el mapa no está tan descompensado. En el Occidente, el PP ha logrado cambiar de color político los ayuntamientos de Tineo, Cangas de Narcea, Navia, Tapia de Casariego y Allande. En el Oriente también se hizo el PP con la Alcaldía de Ribadesella y Foro con la de Colunga. La elección de los regidores de los ayuntamientos más poblados de la región se atuvo a las previsiones. Tres de ellos fueron investidos en razón de la mayoría absoluta alcanzada en las urnas: Alfredo Canteli (PP), en Oviedo, Ángel García (PSOE), en Siero, Aníbal Vázquez (IU), en Mieres. Otros dos fueron aupados por coaliciones: Mariví Monteserín (PSOE), en Avilés, fruto de la alianza entre los socialistas y Cambia Avilés, así como Carmen Moriyón, en Gijón, con el apoyo del PP y Vox.

Desde antes de empezar la campaña electoral ya se presagiaba que la disputa más igualada por el poder, entre izquierda y derecha, iba a darse en Gijón. Así fue. El PSOE fue el partido más votado. La mayoría municipal en cambio correspondió al centro-derecha, encabezada por Foro. Para poder gobernar, Foro hizo un pacto con el PP y, posteriormente, otro con Vox, que conllevan aspectos programáticos y reparto de concejalías para gestionar las distintas competencias municipales. La entrada de dos concejales del partido de Santiago Abascal en el gobierno municipal fue muy mal recibida por los tres grupos de la izquierda (PSOE, IU, Podemos) que hicieron del nuevo tripartito materia de escándalo. El asunto transcendió de los límites municipales, con declaraciones del presidente del Principado, que calificó, de «extrema gravedad» la entrada de Vox en el gobierno local.

La llegada de diputados o concejales de Vox a áreas de gobierno es algo que se está haciendo habitual en gran parte de España. La legalidad señala que no hay otro filtro de entrada que el número de votos o escaños. El Ayuntamiento de Gijón, como cualquier otro, no saca ningún beneficio de las controversias ideológicas. Hay que recuperar la mesura y confiar en el funcionamiento normal de las instituciones que tienen mecanismos sobrados para reconducir cualquier actuación contraria a las normas. Ya está suficientemente polarizada la política española como para empezar a impugnar pactos que son legales y sólo deben ser juzgados por razones de oportunidad y analizados por sus resultados.