Las claves del drama electoral de Asturias

El debate electoral se articula en torno a los grandes temas que conforman la agenda política. Sobre ellos gira la campaña.

El declive demográfico viene de los años ochenta del pasado siglo, pero no se convirtió en prioridad hasta este mandato. La iniciativa la tomó el presidente Barbón, con ayudas directas a la natalidad. Las familias reciben ya este año 1.200 euros por el primer hijo, que se eleva a 1.700 por el segundo y sucesivos. Un aspecto a destacar es que estas ayudas casi se duplican en los municipios que están en riesgo de despoblación.

Las ayudas a la natalidad las secunda el centro derecha, pero otros partidos de izquierda (Podemos, IU) y los sindicatos las critican. Prefieren guarderías a cheques nominales.

La problemática demográfica abarca un campo muy amplio que excede la cuestión de la natalidad. Tiene que ver con la inmigración, el éxodo de los jóvenes, la escasez de empleo, el recorte de las explotaciones ganaderas y las nuevas tendencias sociales sobre la familia.

En este mandato se aprobó un dictamen parlamentario sobre el Reto Demográfico por consenso, con la excepción de Vox. Lamentablemente, la legislatura se agotará sin haber aprobado la ley basada en el dictamen.

En el mes de noviembre bajamos del millón de habitantes y la sociedad es más consciente del problema. Se pierden 25 habitantes cada día. Somos la región europea con un porcentaje de población más reducido por debajo de los treinta años (23,6%). Tenemos la misma población que en el año 1960. Imposibles más señales de alarma. Es el gran problema de Asturias; el resto de dificultades se agravan con la vulnerabilidad poblacional.

La reforma de la administración es la otra novedad temática de la presente legislatura. A los pocos días de salir del confinamiento, el presidente Barbón encargó al vicepresidente Cofiño que abordara la reforma.

Sectores enteros, como el de la construcción, encuentran en la Administración autonómica el mayor obstáculo para desarrollar su actividad. A día de hoy, una Administración lenta, sorda y muda impide abrir negocios y desanima a los emprendedores.

Los ciudadanos financian con sus impuestos una Administración que sufre obesidad mórbida, al pasar de los 4.000 empleados públicos del año 1983 a los 43.778 al finalizar el año 2021. En los dos últimos años la masa salarial paso de 1.909 millones a más de 2.000.

Hay 42 funcionarios del Principado por cada mil habitantes. Somos la cuarta comunidad autónoma con más empleados públicos por población, por detrás de Extremadura, Navarra y Aragón.

Toda coyuntura es buena para aumentar el número de empleados públicos. Tras la gran recesión de 2008-2014, la plantilla estaba estabilizada entre los 35.000 y 36.000. Llegaron años de crecimiento del PIB y aumentó la contratación, hasta alcanzar en el año 2019 los 40.330 funcionarios. Sobrevino la crisis del Covid, el PIB retrocedió en más de once puntos porcentuales, y la plantilla subió por encima de los 43.000. En el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administración Pública, del Ministerio de Hacienda, el Principado aparecía en el último registro (julio de 2022) con 44.273 empleados. En el material genético de la Administración está gastar más euros y contratar a más gente. La ciudadanía lo soporta todo pagando más impuestos que nunca.

La reforma del vicepresidente Juan Cofiño se basa en dos normas, la Ley de Empleo Público y la Ley de Calidad Ambiental. Con la primera ley crea la figura del subdirector general centrada en agilizar los expedientes, con un elemento fundamental que es el pago por productividad a los jefes de servicio. Se acaba el café para todos que llevaba a la gente solvente a refugiarse en destinos cómodos. A partir de ahora el que contribuya a desatascar la Administración tendrá un plus económico. Los sindicatos están acuartelados.

La Ley de Calidad Ambiental, que aligera los controles administrativos e introduce la declaración responsable por parte del empresario o el ciudadano, es denostada por IU y Podemos. Quizás por eso se registró en la Junta en marzo del año pasado y todavía se está tramitando. Si no se aprueban esas normas la reforma del Gobierno de Barbón fracasa.

La sanidad es la gran competencia transferida a las comunidades autónomas. En números redondos se lleva el 40% del presupuesto regional. Asturias es la región que tiene un gasto sanitario más alto por habitante, seguida del País Vasco y Navarra. Las regiones donde el gasto per cápita es más bajo son las más pobladas: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia. También son las que tienen un porcentaje más alto de jóvenes.

El Principado y la sociedad asturiana siempre estuvieron muy orgullosos de la sanidad pública, pero en los últimos años esta imagen se ha quebrado. En la valoración general se ha descendido de 7,2 puntos a 6,4. La media de las comunidades autónomas está en 6,3. Vamos con el pelotón.

El mayor deterioro se ha dado en la Atención Primaria, donde la relación fluida con los pacientes se ha alterado, con una espera media de cinco días. El 27% de la población no logra la cita antes de una semana. En el presupuesto del Principado de 2023 hay un vuelco hacia la Atención Primaria, conscientes del descontento. El 28% de los recursos serán para ella. Falla también la gestión al cambiar de médico cada poco debido al follón de fijos, interinos, eventuales, etcétera.

En la atención hospitalaria la gran batalla se centra en las listas de espera. Pese a los planes de choque, la lista crece. La espera a ser operado es sensiblemente más baja que la media española, pero en la lista para consultar con médico especialista la mayor parte de las regiones tienen menos días de espera.

La oposición concentra sus críticas en las listas de espera y al deterioro asistencial en los centros de salud. No obstante, hay un déficit que está en la base de todo: faltan 600 médicos (100 en centros de salud, 500 especialistas) y 1.600 enfermeras. El ejercicio de 2021 se cerró sin que el Gobierno central gastara un 30% de lo presupuestado para sanidad, en concreto, los 1.088 millones que iban para la Atención Primaria. Para mejorar la sanidad hay que tocar el modelo de financiación.

Carreteras, autovías, líneas de alta velocidad, trenes de vía estrecha, puertos del Estado, autopistas marinas constituyeron siempre la salsa del debate político asturiano. Cuando la política de reindustrialización (años ochenta, primeros noventa) no dio los frutos esperados, los asturianos convertimos las infraestructuras de transporte en la bandera del futuro. En los últimos años la atención está centrada en el ferrocarril, sobre todo en la inconclusa variante de Pajares y en el Plan de Cercanías Ferroviarias 2017-2025.

El presidente Barbón soñaba con inaugurar la variante de Pajares antes del 28 de mayo. La veía como la gran baza antes las urnas. El enésimo retraso irritó al Principado y a la oposición. 4.000 millones invertidos y 19 años de trabajos intermitentes en función del dinero disponible y de los imprevistos que surgieran de la montaña horadada.

La variante permite alcanzar la Meseta con un gran ahorro de tiempo con respecto al trazado de la rampa de Pajares. Antes del último fiasco, se fueron ampliando las expectativas: el Principado dijo que el AVE supondría un «paso de gigante para desestacionalizar el turismo» y eligió la estación de Atocha para una impactante campaña de marketing: «De Madrid al Paraíso: Asturias cada vez más cerca». El Ministerio de Transportes se encargó de que siguiera lejos al aplazar la inauguración. La patronal hostelera habló de «tomadura de pelo».

Faltaban unas semanas para el verdadero fiasco, al retrasarse tres años la llegada de trenes para la red ferroviaria de cercanías porque los diseñados no cabían por los túneles. Un escándalo de dimensión nacional que dejó a la altura del betún al Ministerio de Transportes. Las «dimisiones» (ceses) de la secretaria de Estado, Pardo de Vera, y el presidente de Renfe no paliaron el daño. El Acuerdo de la Castellana, firmado por la ministra y los presidentes, Barbón y Revilla, abre la puerta a viajar gratis, pero el retraso en renovar la flota no se podrá evitar.

La industria forma parte de la identidad de la Asturias moderna. Es más que un sector económico. En el imaginario colectivo las chimeneas nos redimieron de la pobreza. Seamos ecuánimes: las minas y las chimeneas. Por eso la defensa de la industria es la defensa de la región; no somos capaces de imaginar un futuro promisorio sin industria y, para ser más concretos, sin industria metalúrgica. Con esas premisas se entenderá que sea un elemento destacado en el debate político asturiano. En defensa de la industria se organizan mesas, se firman alianzas, se activan marchas, se realizan encierros y se celebran en la Junta General del Principado plenos parlamentarios monográficos.

Sin embargo, su futuro se decide lejos de aquí, en Madrid y, principalmente, en Bruselas. El Principado apenas tiene competencias. La Consejería de Industria, con un presupuesto de 300 millones, destina casi el 40% a incentivar la inversión privada. El último seísmo en el sector industrial, ocurrido en la factoría de Alcoa, dejó claro que desde Asturias se puede gritar, pero Madrid decide. Inhibirse también es una decisión.

El asunto más candente de la agenda industrial es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la descarbonización industrial. Arcelor recibirá 460 millones de euros para producir acero verde. Un asunto muy complejo, que pasa por generar hidrógeno verde con costes competitivos. Para el bien de los intereses de la industria regional tenemos a dos asturianos en puestos clave, el profesor Pachi Blanco, como secretario general de Industria y Pyme, y el sindicalista Luis Ángel Colunga como comisionado para gestionar el PERTE de la descarbonización.

Las industrias electrointensivas asturianas no solucionan todos sus problemas con el PERTE de la descarbonización industrial, ya que necesitan contar con una energía eléctrica más barata. Sus competidoras en Francia y Alemania gozan de energía subvencionada con las ayudas del Estado. Mientras haya esa desigualdad habrá riesgo de deslocalización. El Gobierno central se mantiene impertérrito y el Principado sólo quiere hablar de escenarios favorables.

La ganadería asturiana siguió una senda declinante, durante décadas, derivada del estancamiento del precio de la leche y la subida de los costes, a lo que se sumaba la dificultad para encontrar relevo en las explotaciones, así como el poder de las distribuidoras y la industria en el sector. Esta situación se hizo más angustiosa en los dos últimos años, porque el tímido incremento del precio del producto no ha compensado la subida de los costes (energía, forraje, pienso), a lo que se ha añadido los daños crecientes del lobo, amparados en una política desquiciada del Gobierno que convierte al ganadero en depredador y al lobo en víctima.

El cierre de explotaciones es una constante, en torno al centenar cada año. El 2 y el 29 de diciembre de 2021 se celebraron grandes movilizaciones en Oviedo colapsando el centro de la ciudad, con tractores, en protesta por la «asfixia» que sufre el campo.

Asturias es la segunda región en número de ganaderías de leche, tras Galicia, y la cuarta por entrega de leche a la industria. Con las actuales dimensiones de las explotaciones y los costes de producción, no son viables. Forzosamente, hay que aumentar la producción para que los costes fijos graviten menos sobre unidad de producto y orientarse a una producción más autónoma, como marca la UE, con siembra y cosecha propia de maíz y alfalfa.

La nueva Política Agraria Común (PAC), iniciada con el año, crea la figura del eco-régimen (son siete), que son subvenciones para los agricultores y ganaderos que realicen de forma voluntaria determinadas prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Entre ellos hay alguno especialmente apto para la ganadería de vacuno (Mejora de la Biodiversidad: isla y siega sostenible). En la nueva PAC, las subvenciones europeas alcanzan el 20% de los ingresos agrarios.

Al finalizar el pasado año había 61.887 desempleados, la cifra más baja desde que empezó la crisis económica de las hipotecas «subprime» (año 2007). Desde el último trimestre de 2013, cuando se llegó a los 107.900 parados, la cifra fue bajando hasta que en los años 2019 y 2020 se rompió la tendencia con un incremento de casi 19.000 desempleados. Recuperada la senda positiva los datos actuales son buenos, si se comparan con nuestro pasado inmediato.

Si nos fijamos en lo que ocurre en España la valoración cambia. En el último ejercicio el paro bajó el doble en el conjunto de las comunidades autónomas que en nuestra región. Otro dato negativo se obtiene de la evolución de las contrataciones. En 2022 hubo casi 7.000 contratos menos que en 2021. Pese a la reforma laboral, el modelo de contrato mayoritario es el temporal que triplica a los indefinidos.

La figura del trabajador fijo discontinuo maquilla el desempleo real. Un 20% de los demandantes de empleo están ocupados. Esto quiere decir que hay mucho contrato fijo que no es rentable y el trabajador busca otro empleo. Desde que se empleó a aplicar la última reforma laboral, los fijos discontinuos se han multiplicado por quince.

Los datos del actual mercado de trabajo permiten detectar tendencias como es la caída del trabajo temporal a jornada completa y el crecimiento del contrato indefinido a tiempo parcial. Si al empresario se le empuja a la contratación indefinida, la respuesta es hacerlo por menos horas. Estas tendencias son más acusadas en España donde sólo la mitad de los empleos son por ocho horas. Hay más de 600.000 trabajadores que antes de la pandemia, pero con 400.000 horas menos trabajadas. Estamos en los niveles de empleo previos a la crisis de 2007, pero produciendo menos horas.

También baja la población activa. Hay 180.000 asturianos, entre 16 y 64 años, que ni trabajan ni quieren hacerlo. Si se suman las personas dedicadas a las labores de casa (88.000), los estudiantes (58.100) y los ciudadanos con incapacidad permanente (22.900), ya solo quedan 11.000 personas por ubicar. Los expertos dicen que habría menos jóvenes prolongando sus estudios y menos amos o amas de casa si hubiera más demanda de empleo. Lo cierto es que no es inusual que baje el paro, sin aumentar la ocupación. Un mercado laboral muy condicionado por el declive demográfico.

La legislatura ha desgastado mucho a las formaciones políticas y a sus grupos parlamentarios. En los cuatro grupos del centro-derecha se han producido cambios. Ciudadanos ha sido la formación más inestable, con tres diputados dimitidos y un cuarto expulsado. La actual portavoz, Susana Fernández, no era diputada al empezar el mandato. Foro se dividió en dos, uno permaneció fiel a Moriyón y el otro a Cascos. Pumares y Leal compartieron grupo parlamentario, porque en caso de fuga o expulsión hubieran perdido la cuantía asignada por grupo: 300.000 euros. Palabras mayores.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, dejó la política en el último trato del mandato, haciéndose con la portavocía en la Junta, Sara Álvarez Rouco, aunque no encabezará la candidatura autonómica. En el PP, pese a lo que había expresado Teresa Mallada en el Parlamento, tuvo que abandonar el puesto de portavoz, que recayó en el secretario general, Álvaro Queipo. El simple paso del tiempo ha producido profundos cambios en el centro-derecha.

En la izquierda, PSOE e IU se mantuvieron estables, mientras Podemos se dedicaba a la revolución interna, en vista de que es difícil cambiar la sociedad. Primero se fue la portavoz, Lorena Gil, y más tarde cambiaron al nuevo portavoz, Daniel Ripa, para poner en su lugar al nacionalista, Rafael Palacios. El grupo quedó renovado al 50%. La revolución sigue en marcha, con propuestas de expulsión para los líderes históricos de la formación.

La estabilidad es una garantía para los electores. PSOE e IU parten con esa ventaja al empezar la carrera hacia las urnas.

Las precampañas en Asturias sólo existieron cuando había políticos de raza, como Areces o Cascos. En situaciones como la actual se reducen al duelo de los «canutazos». Un líder va a una villa asturiana le ponen un micrófono delante y dice una frase en la que descalifica al rival de turno. Al día siguiente el dirigente aludido contesta desde otra ciudad con igual dosis de ingenio. A eso se reduce la precampaña.

Todos dicen que quieren un debate de ideas, pero, como mucho, hay competición en desaires. La dialéctica del canutazo se retroalimenta sin atender a la actualidad. El 24 enero, EL COMERCIO publicaba en primera página: «Feve, sin recibir los trenes que encargó hace tres años por un error en sus dimensiones». En dieciséis palabras estaba condensado el escándalo: el increíble fallo al tomar las medidas y el perjuicio causado. Nuestros candidatos, en precampaña, por increíble que parezca, omitieron el asunto.

Las encuestas juegan, sin duda, un papel en la precampaña. El PSOE sigue en cabeza a ochenta días de las elecciones y la suma de las derechas no alcanza la mayoría absoluta. Ciudadanos está en caída libre, y todos dan por amortizados de sus escaños.

Pudo haber un acuerdo entre el PP y Foro para formar candidatura, pero se juntaron tres obstáculos: en Génova tardaron mucho en elegir candidato (Diego Canga) y las coaliciones hay que trabajarlas con tiempo; las orientaciones sobre la coalición provinieron de dirigentes de Génova, incapaces de afinar en análisis y propuestas cuando el asunto sucede lejos de sus despachos; por último, los dos partidos discrepan sobre Álvarez-Cascos. Uno lo respeta, el otro lo desprecia. La falta de acuerdo supone otro dato a favor del PSOE.

En la izquierda, la entente entre IU y Podemos es harto difícil. Un partido atraviesa un oasis de calma (IU), el otro vive en plena tempestad (Podemos). Ovidio Zapico (IU) se ha ganado el respeto de todo el partido para encabezar la candidatura. Covadonga Tomé (Podemos) arrasó en las primarias, pero ahora todos temen que la arrase a ella el aparato. La crisis de Podemos favorece al PSOE.

En el siglo de la imagen, la batalla política necesita reflejarse en rostros. La antigua competición entre siglas ha pasado a ser una pugna entre líderes. Adrián Barbón y Diego Canga encarnan la disputa entre socialistas y populares. El sesgo que toman las campañas electorales en el sistema parlamentario cada vez se parece más a la forma de competir en los modelos presidencialistas: el escaso o nulo papel del resto de miembros de la candidatura, la transmisión del programa en forma de promesas personales o la miniaturización de las siglas. Todo lleva a volcar en el candidato la responsabilidad de captar el voto.

Como Adrián Barbón se pasó toda la vida en el valle del Nalón y Diego Canga estuvo más de treinta años en Bruselas, parecería que son personajes opuestos. Quizás sí, pero con semejanzas que dejan huella: los dos se licenciaron en Derecho y ambos son católicos practicantes.

Barbón tiene una dilatada experiencia política. Al año de acabar la carrera ya era vicealcalde de Laviana. Desde entonces está en puestos ejecutivos de las instituciones (concejal de gobierno, alcalde, presidente). Diego Canga fue profesor universitario dos años y estuvo otros dos de auditor en Arthur Andersen, para ser luego funcionario de la Unión Europea, trabajando codo con codo con vicepresidentes de la Comisión, como Loyola de Palacio y Antonio Tajani. No se puede ser jefe de gabinete de un personaje tan vocacionalmente político como Tajani y no adquirir experiencia en ese campo.

Hasta ahora ambos candidatos han reiterado críticas hacia el rival que no tienen nada que ver con las cuestiones típicas de campaña. Adrián Barbón ha repetido docenas de veces que Canga es el candidato de Madrid (Feijóo, dirección nacional del partido, etc.), mientras que Diego Canga ha dicho, no menos número de veces, que Barbón nunca trabajó en nada fuera de la política.

No enseñan sus cartas ante el electorado. ¿Alianzas? Barbón no se ve presidiendo un gobierno de coalición. ¿Candidaturas de unificación de la derecha? Canga sólo contempla la fórmula de agruparse todos bajo las siglas del PP.

No se conocen sus programas. En las campañas asturianas abundan más las afirmaciones ideológicas que las propuestas concretas. Esto no quiere decir que nos libremos de una lluvia de cifras y ratios que pretenden dibujar el futuro, pero es más difícil encontrar argumentos. Las campañas como suma de deseos no inciden en la tendencia del voto.

Diferenciarse. Para pedir el voto hay que ser distinto al resto de candidatos. Diferenciarse en estilo, en propuestas, en gestos (la ceja de Zapatero), en estrategia, en aliados: en todo. Esto es difícil para lideres del PSOE y del PP, porque como partidos de gobierno tienen más afinidades de las que aparentan.

A ochenta días de los comicios hay que arriesgar. Le toca, sin duda, arriesgar más a Canga, ya que parte desde la oposición y va por detrás en las encuestas.

El riesgo supone hacer propuestas novedosas, sin confundir el programa con una carta a los Reyes Magos. Además, hay que explicar las medidas.

Hasta ahora los enunciados de Canga fueron excesivamente esquemáticos.

El riesgo comporta entrar en el cuerpo a cuerpo con críticas (ataques) a los puntos débiles del rival. De cara al electorado, el hecho de que Barbón no haya trabajado nunca en una empresa o no haya abierto un despacho es intranscendente. Eso, en todo caso, hubiera valido en 2019, cuatro años más tarde no pasa de ser pólvora mojada. Para el votante, todo lo que interesa de Barbón está en la gestión del mandato y en sus planes para el futuro.

Sorprende que Canga haya despachado con una frase la cuestión de la cooficialidad del bable y el eonaviego, cuando fue la principal batalla política y parlamentaria de este mandato, creándose una plataforma ciudadana contra su implantación, con mesas de recogida de firmas en la calle, a las que se sumó un expresidente del Principado. Un tema con carga emocional, que separa al PP de otras opciones. Un rasgo nítido de diferenciación.

Limitarse a decir que el PP no está por la oficialidad del bable y el eonaviego, como si quemara la mercancía en las manos, significa no comprender lo que supone para el electorado la apuesta por crear un sistema trilingüe en un territorio de sólo 10.600 kilómetros cuadrados.

Como en otras ocasiones, el punto fuerte del PP está en traer la imagen del líder nacional al escenario electoral asturiano. Las expectativas nacionales del PP son muy buenas, así que hacer ver que Feijóo y Canga forman parte del mismo proyecto es clave para ganar votos. El hueco que deja Ciudadanos debería ocuparlo el PP: hay campo para la mejora.

Adrián Barbón está en una situación más cómoda, porque preside el Gobierno región, lidera un partido en calma y con gran implantación en el territorio (53 alcaldes en 78 ayuntamientos). Desde los periodos electorales de Areces, donde había compromisos fuertes con inversiones, como las autovías, AS-II y AS-III, las campañas socialistas en los comicios autonómicos se han basado en publicitar las fortalezas del territorio y ocultar las debilidades. Embellecer el relato regional, frente a los detractores. Una estrategia conservadora que no les dio malos resultados.

Lo novedoso en esta ocasión es que estamos en una época de fuertes vaivenes electorales, que no siempre las encuestas saben detectar. Si hay algo que puso a Asturias bajo los focos es el fiasco de los trenes no aptos para transitar por túneles. Un asunto demandado y gestionado por socialistas ¿Qué penalización electoral conlleva un error tan mayúsculo? ¿Y el retraso en la apertura de la variante de Pajares?

Lo que deben comprender los dirigentes socialistas es que si la apertura de la variante iba a suponer el gran espaldarazo electoral, el retraso implica pago de peaje en votos.

Otro factor de inquietud lo constituyen las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Una suma de normas impopulares que van desde adaptar el Código Penal a las necesidades de los independentistas imputados, a leyes erráticas, como la del «sólo sí es sí» o la Ley del Bienestar Animal, donde matar a un ratón te puede traer complicaciones si el juez se ajusta a la literalidad de la norma.

Todo está listo para la competición. Un choque inevitable entre Barbón y Canga que dejará marcado al perdedor. Sólo tienen una bala. Para el que pierda no habrá segunda oportunidad.