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Ni sorpresa ni milagro: Alberto Núñez Feijóo no consiguió la investidura. Ha cumplido todos los trámites sabiendo que la aritmética parlamentaria y la consistencia de sus principios políticos no llegaban para alcanzar la mayoría exigida. Le queda la doble satisfacción de haberlo intentado con dignidad ... y como ya habían anticipado las urnas, pero con el lastre de haber empeñado su futuro en la formación de gobiernos autonómicos en la compañía estigmatizante de Vox.
Hasta ahora todo el proceso ha seguido los cauces democráticos y constitucionales, excepción hecha de la vergüenza ajena que protagonizó su adversario y nuevo candidato, Pedro Sánchez. El que un candidato fracase en la investidura es bastante normal en los sistemas parlamentarios europeos. Hace poco veíamos cómo en Bélgica, por recurrir a un ejemplo extremo, transcurrieron dieciocho meses para consumar la investidura. En España hay alternativas, sólo que se ha invertido un tiempo que no se recuperará. El proceso vuelve a empezar con la vista puesta en nuevas elecciones si el otro aspirante fracasa.
Previsiblemente todo está contemplado en la Constitución, sin necesidad ni conveniencia de intentar estirarla. Eso quedará para los próximos días, cuando Sánchez muestre los resortes que pretende utilizar para conseguir los apoyos suficientes para renovar en el cargo. Algo previsiblemente muy polémico. Pero antes tendremos que escuchar y aceptar lo que ordene el Rey, como jefe del Estado: encargar la formación del Gobierno a otro candidato con mayores posibilidades de éxito para conseguirlo y que este acepte intentarlo. Hay recuerdos próximos de que eso ocurrió.
Es previsible y lógico que el candidato sea el líder del segundo partido por su número de escaños en el Congreso, Pedro Sánchez, actual presidente en funciones. Sus perspectivas de conseguir los 276 votos necesarios también son complicadas, aunque sobre el papel más posibles, si no fuese por el retorcido y arriesgado camino que, como ha anticipado, intentará seguir para conseguirlos, por una vía de legitimidad dudosa. El problema será cómo y cuánto tendrá que pagar con cargo al respeto a la Constitución, a las leyes, a la Administración pública y a la opinión de la sociedad.
Todo esto llevará tiempo, previamente establecido ya, pero meses y, al fin y al cabo, marcados por la incertidumbre y alejados de la necesidad de ser invertidos desde la Administración pública en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes. Los días venideros serán muy importantes a la espera del rumbo que finalmente siga Sánchez en la reconquista del poder. Mientras recurra a iniciativas legales, nada habrá que objetar, aunque a algunos no les gusten. Pero si, como se teme, echa mano de alguna dudosa, es evidente que puede caer en ilegalidad e indignidad que hipotecarán su nombre para siempre. O lo que es peor, hipotecarán nuestro sistema institucional y consolidarán la ruptura total en dos mitades de españoles que ya se está produciendo.
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