Presidente a los penaltis

Sin embargo es el que lo tiene más difícil, de partida casi imposible. La aritmética parlamentaria, que no entiende más razones que los números, le limita poder sumar los escaños que necesita para conseguir la cifra mágica de los 176 escaños del Congreso. Sánchez, por el contrario, no por haber perdido en el recuento de votos y contar con menos alternativas para alcanzar la mayoría necesaria, es el que acumula más aportaciones ajenas de partidos variados, incluso de ideologías contradictorias incluidos enemigos de la unidad territorial para conseguirlo.

Claro que aún no le basta con los que tiene asegurados como herencia del 'sanchismo', el apodo con que la oposición le conocía en la etapa anterior. Le faltaría convencer a los dirigentes de Junts per Cataluña, que se han olvidado de la capacidad negociadora de sus predecesores de Convergencia, y actualmente echados al monte independentista bajo la férula de Cales Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que llegó a perpetrar un golpe de Estado, revelándose contra la Constitución y la mitad de la sociedad catalana, cobardemente huido tras el fracaso para seguir conspirando desde el exilio en Bélgica, y predestinado a ingresar en prisión en España si regresa.

Pedro Sánchez, y especialmente su aliada Yolanda Díaz, intentan negociar que quizás tanto él y sus seguidores, se avengan a abstenerse llegado el momento de la investidura un coste inaceptable Aunque todavía no se conocen detalles de sus exigencias, si es que se prestan a negociar, nadie dura que incluirán la celebración de un referéndum y proclamar el derecho a la autodeterminación, constituiría reacciones variadas que llevarían a una condena judicial e incluso una revolución popular. Por otra parte, si Sánchez si consigue su objetivo de mantenerse en el cargo, tendrá muchos obstáculos para ejercerlo, gobernar en minoría y coalición variada tan dispar como exigente nunca es sencillo. Y para complicarlo más están todos los resortes territoriales con que cuenta la oposición que tiene también en sus manos un amplio poder territorial gracias al control de la mayor parte de los gobiernos de las comunidades autónomas y alcaldías -excluida la de Barcelona-, sin olvidar del estigma popular que le perseguiría de deber el cargo a Bildu y a Puigdemont.