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Igual que en las empresas, en la política también existen días de pago. Estos días, por ejemplo, son los más propicios para algunos. La caterva de partidos que integran o arropan al Gobierno del señor Sánchez están en la mejor oportunidad para cobrar todo lo ... que les fue prometido unos meses atrás y, de paso, para actualizar sus exigencias. Pasado el verano, ha llegado el momento de que las cámaras parlamentarias tengan que pronunciarse sobre viejos proyectos de ley y otros que vayan surgiendo, empezando, como es lógico, por algo tan elemental en toda legislatura como son los Presupuestos del Estado.
El reparto de los escaños es tan ajustado que aunque Sánchez ya ha anticipado que los resultados de las propuestas no serán necesariamente cumplidos, las derrotas se van acumulando y es lógico que el Gobierno intente evitar alguna más, para lo cual tiene que apresurarse a garantizar todos los votos, puesto que con que alguno falle será desastroso. Pero eso quienes mejor lo saben son los partidos interesados, los que tienen en sus manos las exiguas mayorías que cabe esperar.
Es, por lo tanto, el momento para exigir, siempre al alza, el respaldo sin fisuras de todos los diputados comprometidos. Será una negociación fácil con algunos socios, como Sumar, en pleno declive, y otras más complicadas, y hasta imposibles de atender, como las exigencias de Junts, empeñado en que la amnistía de Carles Puigdemont se acelere. Algo que no depende tanto de Sánchez y sus colaboradores que, por cierto, ya han reiniciado los viajes a Suiza para arreglarlo sin que los votantes lo sepamos.
Lo de Puigdemont no depende sólo de la voluntad de ceder de La Moncloa, está condicionado por los jueces españoles y, sobre todo, europeos. En la espera, los dirigentes de Bildu son conscientes de que sus posibilidades de obtener discutibles prebendas seguramente se reducirían en cuanto otro Gobierno y su presidente sean más conscientes del recuerdo que inspiran una buena parte de sus líderes y seguidores.
Algo que resulta difícil de explicar, y más de entender, pues el origen de Bildu está en una banda terrorista que, hasta hace poco tiempo, causó más de ochocientos asesinatos –los familiares no los han olvidado– y centenares más de personas heridas, cuyas secuelas son para toda la vida. La Justicia ha dictado las correspondientes sentencias, muchas de ellas aún sin cumplir, y algunas pendientes de que a cambio de votos parlamentarios sean minimizadas o se transformen en indultos.
No se trata, por supuesto de los únicos casos. A buen seguro que los demás partidos de la mayoría aprovecharán también para reivindicar otros pagos de servicios. Las negociaciones entre los partidos ante las votaciones parlamentarias son normales en las democracias. Es la forma de que las nuevas leyes se aprueben con el mayor consenso. Lo que ya no es habitual, ni asumible, es que los votos se compren a precio de sentencias de sangre y violencia.
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