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Qué pasa en España con la Constitución? Esta es una pregunta formulada por un intelectual europeo –cuyo nombre no estoy autorizado a revelar– que se suscita a menudo de pasada incluso fuera, pero los políticos de aquí, que la deberían tener siempre como guía de ... cabecera, no se lo plantean en profundidad. Si acaso, escuchamos apreciaciones críticas y lo peor es que a menudo se legisla y gobierna, cuando menos, dejando dudas sobre su estricto cumplimiento.
España, decía este experto, tiene algunas características que complican la gobernabilidad. Se trata de los movimientos consolidados –y a veces más que movimientos– que cuestionan la unidad nacional. Y lo que agrava la situación es que se hayan organizado y sigan activos en su empeño por cambiarla o romperla. En ese sentido, la Constitución, que ampara nuestra unidad y nuestra libertad, es clara e inteligente. No reconoce la independencia de ninguno de sus territorios.
Hasta aquí todo está bastante claro y, por lo tanto, no debe bajarse la guardia ante las tentativas secesionistas como la que encabezó el entonces presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont unos años atrás. Sin embargo mientras los tribunales debaten sobre la responsabilidad de aquel intento, que alertó del peligro y reforzó algunas previsiones para impedir que se repita, la política española es cada vez más contradictoria.
¿Cómo se explica, partiendo de esta realidad, que en la actualidad sean en buena medida los independentistas variados los que están cogobernando en la práctica? La coalición formada a golpe de concesiones de apoyo al independentismo anticonstitucional está encabezada por los socialistas, pero dependiendo de cinco socios partidarios de dividir el país, que imponen condiciones y exigencias a diario.
Realmente, es cierto: visto desde fuera es imposible entenderlo y, desde dentro, mucho menos. Un presidente del Ejecutivo que, en su ambición por mantenerse en el poder que esta anormalidad política le proporciona, no parece percatarse del mal que está causando, rozando en el texto y por supuesto en el principio a la Constitución, sin tener en cuenta tampoco las secuelas que esta situación dejará para el futuro.
El presidente Pedro Sánchez es evidente que sabe sostenerse ante esta situación inimaginable, pero también es evidente que no se trata de un cargo a perpetuidad. Un día tendrá que abandonar el palacio de La Moncloa para dejar sitio a un sucesor, que probablemente no comparta este protagonismo que esta concediendo al independentismo. Al contrario, defenderá, como no puede ser de otra forma, el cumplimiento de la Constitución. Algo que ya será más difícil, tras el daño causado por esta interferencia en su importancia y contenido.
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