El presidente Pedro Sánchez lleva ya meses enzarzado en una dura polémica con buena parte de la opinión pública, por la venta de la amnistía al autor del golpe de Estado independentista catalán, Carles Puigdemont. Se trata sin duda de un asunto jurídicamente muy polémico ... y socialmente muy difícil de aceptar. Muy pocos lo aceptan, y más por la propuesta en sí, que algún día tendría que ejecutarse como se ha hecho con otros políticos bajo acusaciones graves, por las circunstancias que la motivan.
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Es evidente que la iniciativa de Sánchez en las actuales circunstancias parte del objetivo espurio de conceder la amnistía a Puigdemont a cambio de apoyos parlamentarios para conseguir la investidura a que aspira en medio de grandes dificultades. Hay quien cree que en política vale todo, pero la realidad es que esa opinión es la que tanto ha desacreditado una actividad que necesita ejercerse con grandeza, respeto a la Constitución y honradez. Negociar entre partidos es fundamental para llegar a acuerdos que afecten al mayor número posible de administrados, por supuesto.
Pero traficar con la concesión de una amnistía, como si se tratase de ganado en una feria, para conseguir acuerdos con matices de índole personal y partiendo de la mala imagen que eso proporciona al promotor, no es recomendable. La política es algo muy serio para dejarla a merced de tejemanejes comerciales. Lo que está en juego en ese mercadeo afecta a todos los ciudadanos, a la imagen de la democracia y a la seriedad del Estado que, en definitiva, es lo más perdurable que al final queda.
Claro que todo esto requiere de algo más, para que a una persona que huye de una acusación de la que debería haber sido juzgada ya se le conceda una amnistía sin que la Justicia haya cumplido con su obligación de escucharla, analizar los hechos por los que ha sido procesada y emitir una sentencia. Parece lógico, entre tanto, que el futuro amnistiado ponga algo de su parte, es decir, que si no cumplió condena ni fue declarado inocente lo menos que cabe exigirle es que aporte su arrepentimiento o su propósito de no volver a repetir el motivo que justifica la amnistía.
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Este es, sin duda, un caso muy especial. La negociación parte de una amnistía a coste cero para el amnistiado, con la particularidad de que en los trámites previos conocidos el interés del responsable de concederla parece mayor que el del propio sujeto a ser amnistiado.
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