¿Hay que desterrar el conocimiento en las oposiciones?

Este giro de timón ya lo dio la Unión Europea hace años cuando cambió de un modelo basado en el conocimiento a otro basado en las competencias, pero con el paso de los años se ha visto que no es oro todo lo que reluce. El Tribunal de Cuentas Europeo, en su último informe (23/2020) especial sobre los procesos de selección a cargo de la Oficina Europea de Selección de Personal, está empezando a cuestionar la idoneidad de los procedimientos, y si bien reconoce su validez para oposiciones generalistas, los considera poco efectivos para perfiles de especialistas, hay dudas sobre si se están eligiendo los mejores candidatos, existen pruebas que no cumplen su finalidad (pensadas para jóvenes titulados sin experiencia que se cubren con perfiles con experiencia –AD5–), y se acentúa la endogamia debido al foco exclusivo de información en Luxemburgo y Bruselas.

El modelo ahora cuestionado en el seno de las propias instituciones europeas, se vende como ideal por los gurús (algunos del ámbito académico) para su implantación en España. Este modelo se basa en pruebas de inteligencia, ejercicios de comprensión y dinámicas de grupo, en las que se valoran competencias como el razonamiento abstracto, verbal y matemático, y capacidades como el aprendizaje, el análisis, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación… Pruebas sin duda 'entrenables', si bien con un esfuerzo en tiempo muy inferior al de las clásicas oposiciones, lo que las hace sumamente atractivas, siendo el proceso muy competitivo, pues el número de candidatos suele ser inversamente proporcional al esfuerzo de preparación.

Los fans del modelo basado en las competencias, haciendo gala de su condición, no atisban virtud alguna en el modelo de oposiciones español. Dicen que es obsoleto y que ya no sirve para nutrir de forma ágil y eficiente el capital humano necesario para que el sector público afronte la modernización que se avecina, y la oportunidad para cambiarlo está a la vuelta de la esquina, pues se prevén jubilaciones masivas en los próximos diez años. El objetivo es captar talento, como si quienes ahora integran las Administraciones Públicas carecieran de él.

Dicen que las oposiciones actuales no seleccionan a los más capaces, que los conocimientos adquiridos se olvidan y no sirven de ayuda para el desempeño profesional, que las tareas que se van a realizar nada tienen que ver con 'recitar temas de memoria' o que 'cantar como un loro sin entender nada' no dota de las capacidades necesarias para el ejercicio de la función pública. También se culpa al sistema de reclutamiento (dicen decimonónico) de las ineficiencias y carencias de las organizaciones públicas, y de generar externalidades sociales negativas en forma de barreras de entrada a sectores de la población desfavorecidos, que carecen de los recursos que les permitan invertir el tiempo necesario en afrontar largos periodos de preparación, así como pérdida de energía y recursos de quienes no tienen éxito.

Las críticas son genéricas y ponen todo en el punto de mira (no distinguen la casuística de las pruebas ni el perfil de los puestos) y se centran en infravalorar la memoria y en cierto modo también el conocimiento que a través de la memoria se adquiere. Considerar la memoria como un mero almacén de datos es erróneo, pues es una facultad que además de conservar la información, la elabora y la interrelaciona. Es una cualidad imprescindible para adquirir, comprender y asimilar la información que conforma el conocimiento.

Aunque las críticas son genéricas al modelo, cuestionan sobre todo los procesos selectivos que normalmente requieren más tiempo de preparación, y ponen en tela de juicio no solamente las aptitudes necesarias para adquirir el conocimiento mediante el estudio (esfuerzo, constancia, dedicación, resiliencia) y para exponerlo (orden de ideas, rigor, precisión conceptual, calidad expositiva y habilidades de comunicación), sino también el propio conocimiento, cuando éste es esencial para el desarrollo eficiente de cualquier actividad profesional, y por supuesto para la prestación de servicios públicos de calidad. Sin una base sólida de conocimiento, pocas actividades se pueden desarrollar con una mínima solvencia, es un elemento útil para organizar el pensamiento, facilita la toma de decisiones y la resolución de problemas de forma ágil y eficiente. ¿De qué le serviría a un juez o a un técnico de urbanismo para desarrollar su trabajo, tener fuertemente desarrolladas las habilidades de liderazgo, empatía, razonamiento verbal, o de comunicación, sin conocimientos de derecho? Pues seguramente de nada; andarían como pollo sin cabeza buscando en los libros o en internet la información, sin la seguridad de haber recopilado todos los elementos de juicio para acertar. Sin embargo, esas competencias sí serían de gran ayuda y potenciarían su desempeño, sabiendo derecho.

Críticas que olvidan que la mayoría de los procesos de selección, contienen además pruebas prácticas con problemas complejos, en las que junto con el conocimiento se valoran otras destrezas como el razonamiento verbal y matemático, la capacidad de análisis y resolución de problemas, que justo coinciden con las competencias que los críticos ensalzan.

Seguramente el sistema actual es mejorable y necesita una modernización en los procedimientos (explorando nuevas fórmulas o extendiendo otras de éxito ya existentes) y en los contenidos (incorporando nuevas competencias y por supuesto manteniendo el imprescindible conocimiento), no solamente para responder a los retos tecnológicos que tienen por delante las Administraciones Públicas (automatización, digitalización, ciencia de datos, 'blokchain', inteligencia artificial..) y a los nuevos perfiles que se demanden, sino también para atraer a más universitarios que se vienen formando en un modelo educativo basado en planteamientos distintos a los de las clásicas oposiciones, incluso con programas de becas que ayuden a quienes lo necesiten.

Todo sin perder exigencia y manteniendo la necesaria objetividad que prescriben los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que por supuesto, no presidían la función pública del siglo XIX, con la que a veces obscenamente se equipara la función pública actual, en la que la estabilidad de los empleados públicos dependía de los vaivenes políticos, y se colocaba a los adeptos independientemente de la idoneidad para los puestos. Sea cual sea el modelo de selección, no debería suponer una vuelta al pasado.