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El acuerdo de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, para solucionar el problema suscitado con los trenes que no cabían por los túneles no era posible de imaginar hace menos de un ... mes, cuando EL COMERCIO dio a conocer a la opinión pública asturiana el mayúsculo error cometido por el Ministerio de Transportes y sus empresas públicas, Renfe y Adif. La primera respuesta del ministerio a la noticia fue el silencio. Solo la indudable transcendencia de las publicaciones y el eco que adquirieron en la sociedad hizo posible que el Gobierno comprendiera la hondura del escándalo en una región como la asturiana donde las redes de cercanías se han degradado a lo largo del presente siglo hasta llegar a ofrecer un servicio a los usuarios que está muy alejado de los estándares mínimos exigibles.
Nadie podía pensar que la noticia de los trenes provocaría las dimisiones de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, número dos del Ministerio de Transportes, y de Isaías Táboas, presidente de Renfe. El Gobierno reconoce que lo sucedido tiene una gran importancia y depura a los principales directivos del ministerio. Intentar dejar oculto el error de las medidas de los trenes, como se intentó desde Renfe y Adif entre los años 2021 y 2023, no solo no ha servido de nada, sino que ha puesto el foco sobre el enorme déficit que tienen las cercanías ferroviarias de Asturias y Cantabria, con trazados sin reformar desde hace muchos años y con un material rodante que ha superado de largo su fecha de caducidad. Lo sucedido con el pedido de los trenes no fue una anécdota desgraciada, sino el resultado de una forma de entender Renfe y Adif cómo se deben gestionar los activos de la red de ancho métrico en ambas regiones, parientes pobres de los ferrocarriles españoles. La pérdida de clientes, los pasivos aumentados con las pérdidas y la falta de inversiones antecedieron al desinterés con que se acometió el encargo de las nuevas unidades. En esta desgraciada historia ha aflorado, lo que era un secreto a voces, la falta de sintonía entre las dos grandes empresas públicas del transporte ferroviario, Renfe y Adif.
La declaración de la Castellana, firmada por la ministra y los dos presidentes autonómicos, tiene aspectos de gran interés. Tal como había adelantado EL COMERCIO, se prolonga la gratuidad de los trenes de cercanías de ancho métrico y ancho ibérico hasta el año 2026. Es una forma de tratar de compensar a los usuarios de estas redes por los problemas sufridos en los servicios. Desde una perspectiva estratégica, de capitalización de las redes, más interesante es el compromiso de ampliar la compra de trenes de 31 que estaban acordados a 38. Las siete nuevas unidades vendrían destinadas a Asturias pudiendo renovar toda la flota, como destacó el presidente Barbón. La ministra, Raquel Sánchez, señaló que el prediseño de los trenes estará acabado este verano, pudiendo empezar la fabricación entre finales de este año y principios del próximo. En la reunión se acordó además aprobar un cronograma para desarrollar el Plan de Cercanías, que contendrá unas mejoras valoradas en más de 1.100 millones de euros (una cantidad que duplica el presupuesto del plan diseñado hace seis años), creando un comisionado para seguir de cerca las actuaciones. También se acordaron decisiones de gestión que estaban absurdamente aparcadas, como la unificación en un billete de las redes de ancho ibérico y ancho métrico, y la reordenación de la malla horaria. Este último asunto es de gran importancia, ya que es obligado acomodar la oferta de servicios a las disponibilidades de las empresas. Desanima al público y crea confusión mantener fija una cartelera que no se puede atender.
Se equivocaría la ministra si creyera que con el enunciado de las medidas el problema está solucionado. La sociedad asturiana ya está escarmentada y solo levantará la guardia cuando vea las realizaciones.
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