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El de la vivienda era un problema de países pobres, como aquella España de mediados del siglo pasado en la que era frecuente el chabolismo o una hacinación familiar campamental. Con otros parámetros muy distintos, pero no mucho menos agobiantes, hemos vuelto, aquí y ahora, ... a sufrir la vivienda como problema acuciante, la vivienda como bien de primera necesidad progresivamente inasequible. Hemos llegado a esto por determinados pasos contados y seguro que me dejo alguno: entre 2008 y 2010 la crisis del sector de la construcción se llevó por delante muchas empresas promotoras y constructoras, la pandemia adelgazó aún más la producción y, últimamente, la eclosión del turismo llevó a este sector una buena parte del parque edificado, antes destinado al alquiler o venta convencionales. A lo que también ayudaron medidas administrativas, de intención reguladora, que espantaron a muchos de los caseros, que huyeron a ese tan agradecido sector turístico.
Y ahora, ¿qué? ¿Cómo corregimos la deriva actual? Porque nos encontramos en una situación, respecto a la vivienda, de similar gravedad a la que habría si un creciente número de ciudadanos no tuviera acceso al pan o a la aspirina.
El problema se acota entre contradicciones estridentes. De una parte, existe tal demanda de vivienda que, en principio, se vendería toda la que se edificara. Pero la mayor parte de los demandantes no tendría recursos para ello, es decir, no podría asumir la correspondiente hipoteca. Los costes de construcción se han disparado en los últimos tiempos por más de un factor: se ha multiplicado una normativa, que abarca prácticamente todos los subsectores de la edificación, ambiciosa y perfeccionista. No diré que exagerada, pero tal vez un tanto prematura en relación con la capacidad económica de nuestra sociedad, que no es la de la Europa rica. Y, además, apunta otro factor que viene pasando inadvertido: actualmente, y desde hace años, en la construcción flojean las 'vocaciones', ya nadie quiere andamio, y eso repercute también en los costes.
Habría que empezar por lo obvio: colaboración público-privada en promoción de vivienda de graduado o progresivo carácter social, haciendo cada sector lo que puede y sabe hacer: plan financiero de choque, repoblación laboral del sector –integrar inmigración en el mismo contribuiría a solucionar dos problemas simultáneamente– y, eso sí, conciencia de que el asunto de la vivienda, cuando se ha descuidado reiteradamente, no se arregla de un año para otro.
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