Proteger los pisos otra vez

La vivienda 'protegida' casi cayó en desuso, arrollada por la euforia de los años del cambio de siglo, pero la realidad social actual está reclamando algún grado de revitalización del modelo, porque irrumpir en el mercado desde el sector público puede ser la forma económicamente menos artificiosa de socializarlo y siempre preferible a normativas conminatorias o coactivas con riesgo de efectos secundarios paradójicos.

Caso particular es el de la vivienda de alquiler que, en España, tiene muy difícil generalización como opción permanente por, al menos, tres causas que nos son peculiares: el pacto de alquiler requiere un ambiente comercial serio, propio de países anglosajones donde las deudas entre particulares son sagradas, y no nuestra frecuente vaina latina en la que ambas partes tratan de esquilmarse mutuamente. Este ambiente social insano lleva a una oferta escasa y prohibitiva, resultando que la renta acaba igualando al coste mensual de la hipoteca. Y, finalmente, la muy escasa voluntad de movilidad social de los españoles, al parecer encantados cada uno en su ambiente social, restringe también las opciones del alquiler. Pese a todo ello el alquiler sería posible en España a partir de una oferta pública nutrida y razonable que enfríe el mercado. Algo que no se consigue de un día para otro ni sin ponerse a ello desde una visión de largo plazo.