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Así como a nadie le amarga un dulce, a nadie le estorba un parque. Por supuesto que el 'Solarón' no puede dejar de ser una promesa de parque, porque en su desnudez es ya parque en su versión más escueta. Pero un parque puede abarcar ... diez hectáreas o cinco sin dejar de serlo y, sobre todo, si se trata de un parque urbano y, más aún, si no es un espacio fronterizo de extrarradio sino un considerable trozo de centro urbano. Desde las versiones primeras del planeamiento -consecuencia del resultado del concurso convocado al efecto- se contemplaba siempre la edificación residencial en una pequeña parte del área con un muy simple y claro objetivo: minimizar la aportación de dinero público necesaria para llevar a cabo la operación que, además de la propia urbanización de todo el ámbito, debía comprender la construcción de la estación intermodal y diversos servicios, dando lugar a un monto económico, siempre creciente, siempre necesitado de actualización, que hace necesario el concurso de tres administraciones para afrontarlo.
Que la ciudad o, en otros términos, el erario público, se beneficie de los activos que ella misma genera es justo, pertinente y ni por asomo roza conceptos como especulación o 'pelotazo', puesto que el beneficio derivado de la capacidad edificatoria con que se dota a terrenos antes ocupados por vías revierte en la colectividad y el posterior negocio privado ha pagado previamente lo que en lógica económica corresponda y, probablemente, un poco más.
Ahora bien, es más inevitable que raro que el transcurso del tiempo provoque que desde instancias ciudadanas se acabe reclamando parque total, sin concesiones ni peajes. Es perfectamente legítimo, claro que sí. Diez hectáreas siempre serán más parque que cinco. Ocurre solamente que el desequilibrio económico provocado por la sana y ambiciosa idea podría tener que cargar sobre la espalda de la administración que lo provoca, es decir, el Ayuntamiento de Gijón. El colmo de la coherencia económica sería que ese incremento del coste de la operación se tradujera en un específico gravamen a cargo de la ciudadanía local. Y el colmo de la coherencia política, que la trascendente y delicada decisión -parque total con gravamen o parcial sin él- se tomara en plebiscito popular con toda la información pertinente. El mismo día que la referente a lo de los toros y lo de la oficialidá, por cierto.
Pero no hay nada que temer, la coherencia no es valor en alza. Sigamos los ejemplos en boga. Exijamos y que lo paguen otros.
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