La última temporada de incendios en Asturias ha sido acompañada, desde todas las instancias cívicas y oficiales, con la merecida gestualidad que el hecho reclama e impone. Condenamos, lamentamos, prometemos.
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Pero yo, que no sé prácticamente nada del tema, me he enterado, sin mediar mayor ... análisis ni mucho menos investigación sobre el asunto, de una serie de factores que, como sociedad, no nos absuelven de estos hechos, empezando, naturalmente, por los administradores de la finca que arde, en este caso Asturias. Resulta que sabemos qué condiciones meteorológicas propician el fenómeno, sabemos con la creciente certeza que acompaña a la meteorología anticipar esas condiciones, hemos establecido, incluso, temporadas estacionales de incendios, de primavera, de verano, incluso de otoño invierno... Lo que debería, de algún modo, ayudar a prevenir y paliar, aún estando lejos de la total evitación. Sabemos qué intereses económicos operan en el asunto, sin que ello implique, en absoluto, culpabilizaciones colectivas o gremiales. Sabemos de la omertá ambiental que suele rodear los sucesos, de la dificultad que entraña la investigación y, sobre todo, la prueba del delito; sabemos de la práctica impunidad de los escasos, escasísimos, imputados y condenados, sin entrar siquiera en los pocos casos debidos a causas más aleatorias y menos seriables.
Sabemos todo lo anterior, pero, por estas latitudes, ante cualquier problema de alcance común, brota irreprimible un reflejo colectivo bien abonado como discurso arraigado: se precisan más medios, más dotaciones, más personal, más dinero. (Mecanismo extensivo a todo servicio público regional -sanidad, educación, dependencia, cultura…- en la absoluta confianza de que la sostenibilidad de todos esos necesarios incrementos no nos concierne a los asturianos).
Y digo yo, que no sé nada de esto: ¿será imposible encontrar un equilibrio normativo que concilie los intereses de los más directamente afectados: ganaderos, agricultores, madereros, paisanos, paseantes…? ¿Será imposible diseñar un régimen legal que haga antieconómico el incendio para cualquiera de los colectivos concernidos? ¿Temblarán las columnas del templo si quien cobra del común en espera de trabajo lo hiciera como brigadista limpiabosques según sus razonables posibilidades laborales? ¿No es perseguible la omertá mafiosa como obstrucción a la justicia?
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En suma, de un incendio en concreto sabemos poco, pero del fenómeno global lo sabemos casi todo. Y, entretanto, Asturias arde.
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