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Qué sabemos de la 'oficialidá' a la que tratan de acostumbrarnos? Poco, porque sus partidarios no sueltan prenda. Una de dos: o ni siquiera ellos saben de qué 'oficialidá' hablan o no quieren que lo sepamos nosotros. La vigente Ley de uso y promoción del ... asturiano reconoce el derecho a «emplear el bable/asturiano… en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias» y, por supuesto, entre particulares. Cualquier 'oficialidá' que se reclame debemos suponer que irá más allá de esta ley ya que de no ser así bastaría limitarse a exigir el cumplimiento de lo que hay. Cuánto más allá irá la 'oficialidá' es algo que debemos inferir a falta transparencia de los promotores oficialistas. Una pista nos puede aportar la Constitución que en el artículo 3 señala que las lenguas regionales «serán también oficiales» en los respectivos territorios, equiparándolas en ellos al castellano del que afirma «todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo». (Cómo no preguntarse por qué, habiendo una minoría oficialista tan activa, no se ha aplicado aquí aún la previsión constitucional sobre las lenguas regionales. Sencillo: porque, en la realidad social, el asturiano no existe).
Sigamos. La equiparación de un asturiano oficial con el castellano tendría, pues, dos consecuencias en cualquier tipo de 'oficialidá' que supere la situación actual: el asturiano adquiriría derecho a ser respondido y a ser conocido, es decir la Administración debería responder en asturiano al asturiano recibido y garantizar yexigir el conocimiento del asturiano a los ciudadanos a partir del proceso educativo.
Setenta y ocho ayuntamientos, más de cuatrocientos colegios, Universidad, consejerías. ¿Qué nuevo cuerpo docente y de traductores precisaría una buena implantación de la 'oficialidá' a no menos de cuarenta mil euros de coste anual por contrato? O, como dicen ellos, ¿cuántos puestos de trabajo 'crearía' la 'oficialidá'?, ¿quinientos, mil doscientos?, ¿cuánta infraestructura adicional?, ¿podría suponer treinta, setenta millones de euros por año? Solo podemos conjeturar porque ellos callan, no dicen, no aclaran, ocultan.
Si nuestros gobernantes conservan un resto de vergüenza, que seguro que sí, deberían precisar qué 'oficialidá', obligatoria para quién, cuánto costaría al año y entonces que los ciudadanos, llamados a consulta en la próxima ocasión electoral, decidan libremente si se lo quieren gastar en bable, en enfermeras o en músicos para la OSPA.
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