Antes un mes colorado que doce amarillo

Hasta el momento, la principal debilidad de la actual coalición de gobierno ya no es tan solo el votante más templado del PSOE, que parecía hasta ahora dispuesto a dejarse tentar por la moderación del efecto Feijóo, en particular debido a asuntos territoriales tan polémicos como las relaciones y las contrapartidas políticas tanto con ERC como con los independentistas vascos. Sin embargo, en las fechas más recientes se añaden las cada día mayores diferencias entre Podemos y, a medida que avanza el proceso de escucha, el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, y la división en dos candidaturas, con un efecto demoledor en una más que previsible fuerte pérdida de escaños debido a la aplicación de la vigente ley electoral.

El efecto Feijóo se produjo inicialmente como consecuencia sobre todo de la novedad, del apoyo mediático a su gestión en Galicia y de una cuidada imagen inicial de aparente moderación, en contraste con el malestar social de la escalada de precios y la desafección ciudadana ante el ruido parlamentario. Algo que, sin embargo, al cabo de tan solo unos meses parece haberse desinflado, tanto a consecuencia de la falta de rigor de los datos y de la crítica, como de la carencia de alternativas creíbles, con el monotema de la rebaja de impuestos, y de la ausencia de capacidad dialéctica y de convicción en los debates bipartidistas del Senado, que ha ido perdiendo de forma sistemática frente al presidente del Gobierno.

Más tarde, el efecto Feijóo se debilita sobre todo en paralelo con la mejora de la economía y del empleo, y con la moderación de los precios como consecuencia de la eficacia de los decretos del Gobierno. Y también con la consolidación de la mayoría de investidura, tanto en el terreno legislativo como significativamente en la reciente aprobación de los terceros presupuestos. Un conjunto de decretos y de leyes laborales y presupuestarias ante el que la derecha se ha mostrado beligerante y se ha opuesto en el Parlamento.

En definitiva, estas son la principales razones para el nuevo cambio de estrategia de oposición de las derechas, para volver de la economía a los temas más identitarios, como la deslegitimación de los apoyos parlamentarios de ERC y de Bildu, remitiéndose al pasado del terrorismo de ETA y del 'Procés' en Cataluña, y, como consecuencia, recuperando la estrategia de desestabilización y deslegitimación del Gobierno, del Congreso de los Diputados, así como de sus nombramientos y de los propios organismos institucionales, todo ello al rebufo de la ultraderecha.

Con esto también se explica que, inmediatamente después de haberse garantizado la tercera mayoría presupuestaria, el Gobierno haya centrado sus esfuerzos en aflojar los principales nudos políticos e institucionales que podrían dificultar su último año de legislatura, y dentro de éste, del decisivo semestre de presidencia española de la Unión Europea.

Por un lado, mediante el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y si acaso del CGPJ, que de no llevarse a efecto no solo incrementaría la situación de degradación del tribunal de garantías, sino que éste podría ser instrumentalizado por parte de una mayoría conservadora espurea para hacer oposición política mediante la desautorización de las principales reformas legales de la legislatura, precipitando sentencias adversas de inconstitucionalidad frente a reformas como la ley de educación, del aborto, de la eutanasia, del CGPJ o las leyes laborales. Tal y como se hizo en su momento con la legislación de alarma aprobada para hacer frente a la pandemia. La airada reacción de la derecha ante las últimas enmiendas, introducidas por el Gobierno para superar el veto de la mayoría conservadora del CGPJ al cumplimiento de la Constitución y de la ley para renovar el Tribunal Constitucional en tiempo y forma, así parece acreditarlo.

Por otro lado, también explica las prisas del Gobierno, para algunos a medio camino entre la valentía y la osadía, en dar continuidad y culminar la desjudicialización, desdramatización y la primacía del diálogo y de la política en la situación catalana antes de finalizar el año en curso, mediante la polémica reforma de la malversación en el Código Penal, con objeto de recuperar la redacción anterior a la reforma de Rajoy. Ya que, de lo contrario, podría convertir los próximos procesos judiciales y posibles sentencias por malversación de los altos cargos del 'Procés' en una nueva escalada de tensión y crispación, que sin duda sería aprovechada por la pinza entre la derecha independentista y la derecha española, en el momento final de la legislatura, para cuestionar la estrategia de diálogo político para superar la crisis catalana y, con ello, el balance político de la legislatura.

Todo esto tiene también mucho que ver con la recuperación de la relación entre Sumar y Podemos de cara a las elecciones generales del próximo año, una relación en que el dilema está de nuevo entre el cambio y el populismo, entre lo posible y el maximalismo. Así, si se mantiene la política de reformas y se consolida la convivencia en Cataluña será mucho más fácil avanzar en una una propuesta unitaria y de cambio a la izquierda del PSOE, que sume política y electoralmente y, por tanto, será más difícil alentar desde fuera del Gobierno la ruptura populista y la división interna.