Sí, sí, una chapuza

La conocida ley del 'solo sí es sí', claramente promulgada para condenar a quienes no respetan la voluntad de las mujeres cuando expresan con un 'no es no' su a su negativa -considerada un triunfo para la libertad femenina-, lejos de cumplir sus objetivos, empezando por alertar a quienes pretenden imponer su deseo incluso por la fuerza física, se está convirtiendo justamente en lo contrario: en un argumento para criticar a sus promotores y autores políticos y, lo que incluso es peor, para sembrar la posible creencia de los violadores de que pueden hacer con su bragueta lo que les venga en gana.

Cuando el texto se publicó en el BOE y pasó a manos de quienes tienen que interpretar y aplicar su contenido, enseguida estalló la sorpresa y rápidamente el escándalo. Lejos de penalizar a los violadores, como debería ser su objetivo, resulta que la redacción de sus artículos es tan incongruente a la hora de aplicarla por los jueces que lo que consigue es el efecto contrario: que las condenas a los violadores sean más leves que antes, incluso que sus salvajadas no sean castigadas y que algunos ya condenados vean reducidas sus penas con carácter retroactivo cuando menos lo esperaban. Cinco de ellos ya recuperaron la libertad y otros once están tramitando que se les reduzca la pena, entre ellos algún miembro de 'la manada', autores de aquella salvaje violación en masa durante los sanfermines.

Ante la demanda generalizada de que se revise la ley con urgencia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez declaró que deberá ser el Tribunal Supremo, con la interpretación que haga de la ley, el que deje las cosas en su sitio sentando jurisprudencia. Una paradoja más de un Gobierno que no consigue entenderse con la oposición para resolver la crisis que atraviesa la Justicia y ahora tiene que recurrir a ella para que sea la que resuelva el embrollo de una ley chapucera, que lejos de inspirar respeto lo que está consiguiendo es convertirse en tema para el humor propio de la barra de una taberna.

Mientras tanto, la promotora principal de la Ley, la ministra de Igualdad Irene Montero, cuyos conocimientos y méritos para ser ministra, aunque sea de cupo en la coalición, se ignoran, se ha permitido acusar a los jueces, a los que califica de fachas. ¡Habrase visto! Como si los miembros del tercer poder del Estado no tuvieran que ser respetados y como si entre los miles de magistrados que hay en España no los hubiera de todas las ideas políticas conocidas, incluida la extrema izquierda, sin que eso implique que a la hora de emitir sentencias no dejen de lado sus preferencias políticas para ajustarse al texto de las leyes tal y como están promulgadas.