Lo de Cataluña (III)

Para hacer cumplir la legalidad las familias elegirían lengua vehicular para la educación de sus hijos -castellano o catalán-, debiendo dominarse ambas al final de cada ciclo educativo. Es de prever una respuesta furiosa, lindante con la rebelión generalizada, por parte del sistema establecido en Cataluña, acostumbrado a la imposición de su designio, al abuso y al delito impune. (El nacionalismo radical necesita, para sentir respetados sus derechos, arrasar con los derechos ajenos). A la previsible rebelión debería seguir, una vez más, la respuesta legal, serena y firme, del Estado con todas sus naturales consecuencias administrativas y penales según el grado de aquella. Puede ser duro y laborioso, pero entiendo que el Estado de Derecho debe asumir el coste y el desgaste de hacer cumplir la legalidad en todo el ámbito de su jurisdicción, en la medida en que de ello depende la garantía del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. El Estado de Derecho no puede abdicar de su responsabilidad con el ilegítimo propósito de no irritar a poderosos infractores de la ley o, peor aún, de ganarse su favor.

Este asunto de la libertad lingüística, particularmente en la educación, es tan significativo y trascendente que creo que bastaría su consecución y arraigo para dar por establecido el necesario clima de libertad y equidad en Cataluña que una consulta como la aludida requiere. Pero el proceso a emprender para lograrlo precisa, a su vez, de tal grado de convicción política que es inimaginable abordarlo sin una muy nutrida y variada mayoría parlamentaria. Así que, de momento, en el horizonte no se vislumbra posibilidad alguna de libertad en Cataluña ni de referéndum.