No es que la burocracia nos pille de nuevas. La lentitud de la Administración ha dado para tanto como para convertirse en un tópico español. El 'vuelva usted mañana' ha permanecido ajeno a los cambios como permanente calvario ciudadano y un estigma para el funcionariado. ... A los políticos siempre les ha resultado más fácil culpar a la galbana que al sistema, aunque con la boca pequeña, porque tampoco les conviene enemistarse con los 2.710.405 empleados públicos de nuestro país. Demasiados como para no tenerlos contentos o al menos procurar no endilgarles todas las culpas cuando los trámites más sencillos se eternizan en las tuberías burocráticas. Y sobre todo, porque a estas alturas ya no colaría una explicación tan simple para resolver un problema que estrangula a las administraciones.

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El Gobierno asturiano se ha atrevido a abrir un debate que todos los políticos de la región con un mínimo de responsabilidad en los asuntos públicos solo comentaban entre bambalinas. La burocracia convierte en legislaturas el plazo entre una decisión y sus resultados. Tanto es así, que algunos equipamientos acaban por llegar cuando resultan innecesarios. Los dictámenes, informes y licencias para una obra pueden prolongarse durante años. Ni siquiera las ayudas sociales, por más urgentes que se las catalogue, se libran de las demoras.

La búsqueda de garantías en la gestión pública ha provocado una acumulación de normativas en las que los propios funcionarios se enmarañan, las competencias de las administraciones se sobreponen para añadir complejidad al asunto más nimio y el empeño, por supuesto loable, de conjurar cualquier riesgo de corruptela, ha multiplicado el trabajo hasta límites que acaban por invitar a la chapuza. Los propios políticos han pasado en unas pocas décadas de tomarse casi a chufla las recomendaciones de sus interventores a vivir más preocupados de no verse ante un reparo administrativo que de resolver los problemas. Aderezado todo con el poco interés por modernizar realmente la gestión pública que los gobiernos se han transmitido como un legado nos encontramos en la situación actual, en la que las administraciones se ven incapaces de ejecutar sus presupuestos y las empresas corren el riesgo de quedarse sin negocio antes de conseguir una licencia de apertura. En cambio, las tasas e impuestos se aplican con meticulosa puntualidad. Es lógico que este desequilibrio no agrade a los sufridos contribuyentes, que pagan unos servicios que en ocasiones padecen como una carrera de obstáculos. Llegados a este punto, la burocracia de la demagogia con la que algunos parecen abordar el asunto ya solo puede añadir indignación al cansancio.

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