Bruselas y el chocolate del loro

Y hablando de pronósticos, la OCDE, el FMI y varios organismos económicos coinciden en recortar las expectativas de crecimiento del PIB español para el próximo año 2022 hasta dejarlo en torno al 4,6%, si es que el Ómicron no lo rebaja más. Ese crecimiento previsto es más nominal que real debido al entorno inflacionario que vivimos. España es el país del mundo occidental en el que más ha crecido porcentualmente la deuda pública desde que surgió el covid, y dado que la misma no se mide de forma aislada, sino en relación con el PIB de cada país, ese crecimiento reducido del PIB implicará medidas draconianas para recortar el gasto público. Eso, o Bruselas no soltará el dinero.

A partir de ahí, estamos en un escenario similar al de aquella película argentina, cuyo título no recuerdo, en la que una familia manirrota iba al banco a pedir más dinero prestado para poder continuar con sus gastos absurdos. Una familia en la que trabajaban pocos miembros, derrochaban el dinero y se creían con derecho a todo y obligación a nada. Y, lógicamente, la entidad financiera advierte de que con los ingresos y gastos que presentan no podrán devolver el dinero prestado y que deben de afrontar recortes claros en su estilo de vida. Ante esa situación, la familia decide el camino fácil y suprime la cena del abuelo, los yogures de los niños y quitan el chocolate al loro. Esa familia, aquí y ahora, se llama España, ya que tenemos un problema acuciante de gasto público y Bruselas nos pide recortes a cambio de ayudas. O sea, pide cuadrar las cuentas, pero no nos dice cómo se han de cuadrar exactamente. El modo de hacer los recortes es una cuestión interna del país. Dicho de otro modo, Bruselas no nos dice que sacrifiquemos a los pensionistas ni nos dice que mantengamos un estado extremadamente descentralizado y burocratizado.

En el año 1980, cuando se comenzó a desarrollar el estado de las autonomías, ese que destrozó a Asturias, Extremadura, etc. y, en general, a todas aquellas autonomías que no tienen tendencias independentistas, el número de empleados públicos y funcionarios no llegaba al millón. Ahora, cuatro décadas después, sobrepasa los tres millones y medio, aunque la cifra exacta se desconoce, dada la tremenda dispersión de organismos públicos innecesarios de todo tipo que hay. La población española en ese plazo de tiempo ha crecido un 26%, pero el empleo público ha crecido un 257%. Saquen sus conclusiones. Pero es que, además, el aumento no ha servido para reforzar las áreas que deberían ser prioritarias, como son Sanidad y Educación, sino las burocráticas. A todo eso, hay que añadir una clase política de un perfil bajísimo y con un tamaño que sobrepasa la obesidad mórbida. No encontrarán a nadie, ni en el bando de Krugman y Stiglitz ni en el de Laffer, Presscott, etc., que avale un planteamiento tan ineficiente e insostenible como este.

El sistema de pensiones español es obvio totalmente que no puede ser autosuficiente a medio plazo, y la única manera que hay de mantenerlo en pie es cargando la diferencia a los Presupuestos Generales del Estado, y eso implica cortar drásticamente gastos innecesarios, lo cual no se quiere hacer. Además, el sistema de pensiones español es de 'reparto'. Es decir, el dinero que hemos ido aportando mediante cotizaciones no está depositado en ningún sitio sino que ha servido para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Ahora lo fácil es aplicar los recortes a las futuras pensiones de la generación de los 'babyboomers' (nacidos en la década de los sesenta), a la cual se culpa de todo, cuando resulta que las cotizaciones de ese colectivo son las que han pagado las generosas pensiones no contributivas y prejubilaciones de todo tipo que se han ido concediendo a lo largo de estos años.

Una generación, la de los 'babyboomers', que se siente como aquel jugador al que cambian las reglas de juego cuando la partida está avanzada y no puede hacer nada para evitarlo. Una partida que se juega con las cartas marcadas y al grito cínico de 'hagan juego señores'.